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Después de casi nueve años de espera, el Tribunal Oral Federal dio a conocer una sentencia que dejó sensaciones encontradas: Claudio Javier Villamide fue condenado, mientras que Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa fueron absueltos. Para buena parte de los familiares, lejos de cerrar una etapa, el fallo abrió una nueva herida.
Entre las voces más esperadas estaba la de Luis Tagliapietra. Abogado querellante y padre de uno de los submarinistas fallecidos, siguió el veredicto a la distancia. No viajó a Santa Cruz. La decisión, explicó, fue una forma de preservarse emocionalmente ante un desenlace que, según confesó, veía venir desde hacía tiempo.
En diálogo con LU12 AM680, Tagliapietra no ocultó su frustración y aseguró que el resultado no lo sorprendió. “Yo ya lo sabía”, afirmó con crudeza. Explicó que prefirió permanecer lejos del tribunal porque, más allá de su rol profesional, el dolor como padre sigue intacto. “Me corre sangre en las venas”, expresó, al justificar por qué eligió no exponerse a un momento que intuía profundamente injusto.
Sus palabras reflejaron la resignación de quien, durante años, recorrió cada instancia judicial convencido de que el camino sería cuesta arriba. “A veces uno espera que a uno lo sorprendan… Las familias que represento todas me dicen: ‘¿Cómo tenías razón?’. Sí, lamentablemente. No me infla el pecho decir ‘tenía razón’. Me hubiera gustado que me tapen la boca y me demostraran que me equivocaba, pero la realidad es la realidad y las cosas a veces caen de maduro”, manifestó.
El abogado sostuvo que la sentencia fue el desenlace de un proceso que, desde su perspectiva, estuvo condicionado por decisiones que perjudicaron sistemáticamente a la querella. En ese sentido recordó que, durante todo el debate oral, numerosos planteos formulados por su parte fueron rechazados.
Según explicó, solicitaron medidas probatorias que nunca prosperaron, entre ellas pericias técnicas que consideraban indispensables para reconstruir con precisión qué ocurrió en el submarino. También cuestionó que el tribunal rechazara el planteo sobre la competencia territorial de la causa, al sostener que la investigación terminó radicándose en un ámbito favorable para los intereses de la Armada.
“Mis planteos siempre fueron conforme a derecho y las respuestas para nosotros, los querellantes, siempre fue no, no, no, no. Y para los imputados sí, sí, sí, sí, sí”, afirmó, convencido de que existió un tratamiento desigual entre las partes durante el juicio.
La crítica fue aún más allá. Tagliapietra aseguró que incluso se les impidió ejercer plenamente derechos procesales básicos, como solicitar determinadas penas o recurrir algunas resoluciones. Para el abogado, esas decisiones vulneraron garantías constitucionales y condicionaron el resultado final.
Otro de los aspectos que más cuestionó fue la logística desplegada durante el juicio. Según relató, numerosos testigos y hasta los propios imputados fueron trasladados con apoyo de la Armada Argentina, institución que precisamente se encontraba bajo análisis en el proceso.
“Todos los testigos fueron trasladados por la Armada Argentina… a los propios imputados iban con custodia de la Armada… ahí lo dijo López Mazzeo, toda la Armada le mandaba mensaje a diario ayudándolo”, sostuvo.
El abogado también puso el foco en situaciones que, a su entender, comprometían la apariencia de imparcialidad del proceso. Incluso describió encuentros circunstanciales entre magistrados e imputados durante los traslados hacia Río Gallegos.
“Yo cada vez que viajé a Río Gallegos viajé junto con dos de los tres jueces… y los imputados viajan con dos de los tres jueces y charlan en el aeropuerto… es todo muy irregular”, afirmó, dejando planteadas serias dudas sobre el desarrollo del debate.
Durante la entrevista también volvió sobre otro de los episodios que marcó a los familiares durante estos años: el espionaje ilegal que sufrieron mientras reclamaban respuestas por la desaparición del submarino.
Recordó que la propia Justicia reconoció la existencia de esas tareas de inteligencia, aunque posteriormente las consideró justificadas. “Dijeron que la prueba era tan contundente y abundante que sí, que nos espiaron durante más de un año sin intervención de ningún juez, pero que estaba bien, que era legal porque era para salvaguardar la seguridad del Presidente de la Nación”, señaló con evidente ironía.
Tagliapietra también lamentó la escasa repercusión nacional que, según su visión, tuvo el juicio oral pese a la magnitud institucional de la causa. Comparó la cobertura mediática con la que recibieron otros expedientes judiciales y aseguró que existió un marcado desinterés por instalar el debate en la agenda pública.
“Cuando se quiere se puede… periodistas muy importantes de medios me han consultado, me han hablado y no les subieron ninguna nota”, sostuvo, sugiriendo que el proceso quedó prácticamente invisibilizado fuera de la cobertura realizada por algunos medios regionales y especializados.
Lejos de considerar terminada la causa, el abogado adelantó que la estrategia de la querella continuará en instancias superiores. Según explicó, impulsarán la nulidad integral del juicio al entender que el proceso estuvo atravesado por múltiples irregularidades que afectaron la búsqueda de la verdad.
Para resumir su mirada sobre el funcionamiento del expediente utilizó una frase contundente: “Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra es perro”, dijo, aludiendo a lo que considera una evidente falta de objetividad durante el proceso.
Sin embargo, el cierre de su testimonio dejó al descubierto que detrás del abogado sigue hablando un padre. Un hombre que perdió a su hijo en la tragedia del 15 de noviembre de 2017 y que, casi nueve años después, continúa buscando respuestas.
“Lo que siempre prometí tanto a mi hijo como a la familia que represento es dejar todo en la lucha. El resultado, lamentable y tristemente no depende de mí, depende de toda esta gente que no tiene escrúpulos”, concluyó.
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