La Fiscalía de Estado recurre a la Corte Suprema por la ampliación del Tribunal Superior

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Fiscal de Estado, Natalia Linardi, interpuso un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) intervenga en la crisis institucional que sacude a la provincia. La medida busca revertir el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local que declaró inconstitucional la Ley 3.949, la cual ampliaba de cinco a nueve el número de miembros del máximo tribunal provincial.

“Se recurre la sentencia del TSJ por arbitraria, dogmática y falta de motivación”, afirmó la Fiscal Linardi a La Opinión Austral. “Los argumentos esgrimidos en el fallo recurrido son atacados desde la doctrina de la arbitrariedad, y la gravedad institucional”, señaló. Asimismo, afirmó: “Se hace hincapié en las cuestiones no justiciables, y por supuesto en la constitucionalidad de la ley 3949 en tanto la misma no conculca artículo alguno de la Constitución Nacional ni de la Constitución Provincial”.

“Se recurre la sentencia del TSJ por arbitraria, dogmática y falta de motivación”.

Natalia Linardi.

El núcleo del conflicto

La disputa comenzó tras la sanción de la mencionada ley en agosto de 2025. El TSJ, en una resolución dictada el 17 de diciembre, frenó la reforma argumentando vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo sostienen que esta decisión representa un “avasallamiento sin precedentes” del Poder Judicial sobre las facultades del Legislativo y el Ejecutivo.

En el escrito, al que tuvo acceso este medio, los representantes del Estado provincial denuncian una situación de “gravedad institucional“, señalando que los magistrados actuales se convirtieron en “juez y parte” al resistir una modificación que afecta directamente su propia composición y cuota de poder.

Entre los puntos clave del reclamo ante la Corte, se encuentran los siguientes: la invasión de competencias, ya que la Fiscalía argumenta que el TSJ no tiene facultades para anular una ley que cumplió con todos los pasos constitucionales de sanción y cuya materia (la cantidad de jueces) es facultad exclusiva de los diputados.

Otro punto destacado es la falta de imparcialidad. En ese aspecto, se cuestiona que los vocales que firmaron el fallo (Mercau, Basanta, Ludueña Campos y Fernández) rechazaron sus propias recusaciones y apartaron al Dr. Mariani (expresidente del cuerpo), evidenciando un “conflicto de intereses” y un “abroquelamiento” para impedir el ingreso de nuevos miembros.

También la arbitrariedad. Sobre esto, el Estado Provincial califica la sentencia como “fuera del género legal” e injusta, alegando que el Tribunal ignoró que la Constitución Provincial solo fija un mínimo de tres miembros, dejando el número final a criterio de la ley.

En síntesis, para la Fiscalía de Estado la sentencia no respeta la forma republicana de gobierno, por violar el principio de la división de poderes del Estado, entre otros argumentos como, por ejemplo, la falta de legitimación de la parte actora.

La “Paradoja Salarial”

El recurso destaca una contradicción en el fallo del TSJ. Es que los jueces argumentaron falta de presupuesto para rechazar a los nuevos integrantes, pero simultáneamente se habrían otorgado aumentos salariales que comprometen las arcas provinciales.

El documento también describe un Tribunal Superior quebrado. Por un lado, los vocales preexistentes que resisten la reforma y, por el otro, los nuevos magistrados designados legalmente cuyos juramentos fueron rechazados por sus pares, dejando al sistema judicial en un “limbo” administrativo y político.

Asimismo, se indicó que se está ante “el riesgo es la judicialización de la política” y “un avance del Poder Judicial menoscabando las facultades de los demás, lo que “reviste la mayor gravedad para la armonía constitucional“, se citó en el texto evocando doctrina jurídica clásica.

¿Qué sigue?

Con la presentación de este recurso, la pelota queda ahora en el campo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado santacruceño busca que el máximo tribunal del país “restablezca el orden republicano” y valide la ley que busca ampliar la corte provincial, bajo la premisa de que “ningún poder puede estar sometido a otro“.