José González Nora y Sergio Acevedo presentaron un recurso ante la Corte Suprema

Con el reinicio de la actividad judicial tras el receso de enero, la disputa por la composición del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) ha entrado en una nueva fase. Esta norma, que amplió la composición del máximo tribunal de 5 a 9 miembros, fue declarada inconstitucional por cuatro de los actuales integrantes del TSJ (Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta), lo que disparó una batalla legal que ahora busca definiciones en la Corte Suprema.

Mientras la Fiscalía de Estado presentó un Recurso Federal Extraordinario contra la sentencia del TSJ que declaró la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 3949 (ver nota aparte), se conocieron los detalles de la ofensiva legal de los vocales cuyos cargos fueron suspendidos. Antes del receso los jueces José González Nora y Sergio Acevedo presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde denuncian un “apoderamiento inconstitucional del Tribunal” por parte de otros cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia.

En el escrito, al que tuvo acceso de manera exclusiva La Opinión Austral, ambos abogados que juraron como vocales pero que sus designaciones son cuestionadas por los otros integrantes del TSJ, hablaron de “impedimento funcional“. Cabe recordar que rige una medida cautelar que suspendió la ley que había ampliado la composición del Tribunal de 5 a 9 miembros, lo cual impide a los denunciantes ejercer “legítimamente” sus funciones judiciales.

Asimismo, hablaron de “gravedad Institucional“. Es que ambos jueces consideran que esta acción constituye una grave afectación a la institucionalidad y una denegación de justicia. En la petición, solicitan a la Corte Suprema que tome medidas urgentes para suspender dicha medida cautelar.

El escrito

La Opinión Austral pudo acceder al escrito presentado por González Nora y Acevedo con la representación de sus abogados, los reconocidos doctores Cristian Abritta, Juan Manuel González Mora y Enrique Hidalgo. “Los suscritos somos jueces designados por los órganos con competencia constitucional de la provincia de Santa Cruz para integrar su Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y hemos jurado ante el presidente de ese tribunal ejercer la función conforme a derecho y honrar tan grave responsabilidad“, aclararon para comenzar.

Sin embargo, “en una suerte de ficción de proceso, mediante la presentación de una asociación sindical que ni siquiera acompañó su estatuto (por el gremio de Judiciales Provinciales), cuatro integrantes del TSJ que se jactan de ser mayoría cuando la ley actual prescribe que el TSJ se integra con nueve miembros, dictaron una medida cautelar mediante la cual pretenden impedirnos el ejercicio de las ingentes atribuciones jurisdiccionales, reglamentarias y de administración que la Constitución Provincial (arts. 132 y 133), la ley orgánica del poder judicial y los ordenamientos procesales locales ponen en manos de quienes debemos ejercer dichos cargos de jueces del TSJ”, subrayaron.

De ese modo, “los cuatro jueces del TSJ pretenden impedir que sus colegas ejerzamos aquellas atribuciones indelegables, no obstante que todos hemos sido designados con el mismo procedimiento reglado por la Constitución de Santa Cruz y hemos prestado el juramento que nos coloca en ejercicio de las funciones” por lo que “para lograr ese disparatado objetivo han suspendido cautelarmente la aplicación de la ley que amplió la integración del TSJ y han pretendido desconocer la validez del juramento que prestamos“.

“Absurda medida cautelar”

Para ambos abogados, “la resolución cautelar es tan patética como el ‘proceso‘ mismo” ya que “no contiene ni una línea en su texto que pueda considerarse fundamento racional de la verosimilitud del derecho”. Y añadieron: “Tampoco la hay para explicar la existencia de ‘causa‘ y ni de legitimación de la asociación gremial actora, para erigirse solo cuatro jueces en una suerte de legislador, aunque constituyen, en suma, una minoría en rebeldía con las normas que dicta el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz y desconoce los legítimos actos del Poder Ejecutivo“.

Acevedo y González Nora sostuvieron que “en dicha ficción de proceso, no obstante que se afectan nuestros derechos a la dignidad, a ejercer el cargo y honrar el juramento, al trabajo, a la propiedad y al debido proceso, ni siquiera hemos sido citados como parte demandada”. Y que en tal virtud, “nos presentamos como terceros en los autos e interpusimos el ya lejano 27.11.2025 recurso extraordinario (art. 14, ley 48) expresando agravios federales y denunciando no solo la manifiesta arbitrariedad de las resoluciones sino también la gravedad institucional que el asunto exhibe”.

Los abogados reclaman que “se declare suspendida la absurda medida cautelar“. Y aclararon que no reconocen legitimidad alguna a los integrantes del TSJ que suscriben las resoluciones ni validez a sus actos, y “recurrimos por la vía judicial porque como ciudadanos apegados al derecho repudiamos las vías de hecho y confiamos en la solución del caso mediante la intervención de esta Corte Suprema de Justicia, a la par de que consideramos que el pueblo de Santa Cruz merece respeto y consideración“.

Entre otras cosas, manifestaron que a la fecha el TSJ “nada ha proveído ni el traslado del recurso ni tampoco ha declarado suspendida la medida cautelar“. Y recordaron que con fecha 05 de diciembre del 2025 presentaron un escrito de pronto despacho y denuncia de retardo de justicia, “invocando nuevamente jurisprudencia del Alto Tribunal de la República que, como se verá, se reproduce en esta presentación directa como fundamento central de las peticiones que se formulan ante V.E“.

“Resulta manifiesto que la minoría del TSJ que ocupa la institución demora ilegalmente el despacho del recurso con el objeto de privarnos de la vía recursiva, especulando con llegar a la feria judicial que comienza el día 19 de diciembre en este estado irregular donde, reiteramos, por vías de hecho y manu militari una minoría ha cooptado ilegalmente el control del TSJ en la provincia de Santa Cruz y realiza pronunciamientos pseudo jurisdiccionales, actos de disposición patrimonial y de designación de personal de manifiesta invalidez”. A la vez que subrayaron: “La gravedad institucional del asunto se adita a la violación de nuestros derechos“.

Pronunciamiento inmediato

Para finalizar, Acevedo y González Nora indicaron que se ven obligados a presentarse en forma directa ante la Corte “a fin denunciar el grave retardo que opera como denegación de justicia al constituirse en una manifiesta obstrucción de la minoría del TSJ a la intervención de esta Corte Suprema, intervención que constituye el único modo de resolver este asunto restaurando el orden jurídico en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz”.

Por ello, “requerimos del Alto Tribunal un pronunciamiento inmediato por medio del cual se haga saber a la minoría del TSJ que deberá proveer de inmediato el recurso, en su caso con reducción de plazos para que pueda ser sustanciado y concedido en tiempo útil“. Asimismo, solicitaron que declare el efecto suspensivo del recurso. O, en todo caso, “que haga saber en ese mismo pronunciamiento a la minoría del TSJ que otorgue ese mismo resultado suspensivo a la interposición del recurso extraordinario federal que promovimos contra la inconstitucional medida cautelar que nos impide actuar como jueces constitucionales del TSJ de la Provincia de Santa Cruz“.