Ley 90/10 en la minería: avance concreto para priorizar el empleo santacruceño

Este miércoles, en conferencia de prensa, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se ratificó la decisión del gobierno provincial de garantizar que el 90% del empleo en la industria minera sea ocupado por trabajadores residentes en la provincia, en el marco de la aplicación de la Ley 3.141.

Para avanzar en esa línea política, se llevó adelante una mesa de trabajo entre las autoridades provinciales, el diputado por Puerto Deseado, Santiago Aberastain y representantes de las empresas Cerro Vanguardia S.A.; Patagonia Gold S.A.; Minera Don Nicolás S.A.; Minera Santa Cruz S.A.; Estelar Resources S.A.; y Oroplata S.A./Newmont, en las instalaciones de la cartera laboral santacruceña en Río Gallegos. A dicha reunión se sumó también CAMICRUZ (Cámara Minera Santa Cruz).

Tras una reunión con empresas operadoras y contratistas, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, junto al secretario de Estado, Javier Aravena, dialogaron con la prensa y confirmaron que se cumplió el plazo de 90 días establecido para la adecuación y que comenzará una etapa más estricta de control. “Hay una decisión política del gobernador (Claudio) de ordenar la actividad y garantizar que los trabajadores santacruceños sean protagonistas”, señalo Mata a los medios, entre ellos, La Opinión Austral.

Uno de los ejes centrales de esta política es la implementación del SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local), una plataforma obligatoria donde todas las empresas deben registrar a sus trabajadores. Desde el Ministerio explicaron que el registro es obligatorio para todas las empresas del sector, la información tiene carácter de declaración jurada, y cualquier falsedad será sancionada según la normativa vigente.

Además, remarcaron que el sistema permite monitorear en tiempo real el nivel de cumplimiento del 90% de empleo local exigido por ley.

Controles y sanciones

Durante los operativos realizados en distintas localidades, se detectó irregularidades en domicilios declarados por trabajadores, una práctica que busca simular residencia en la provincia. “Encontramos casos donde los trabajadores no viven realmente en Santa Cruz. Eso es una falta grave y será sancionada“, advirtió Aravena.

En este sentido, se confirmó que: Se intensificarán los controles territoriales, habrá multas y sanciones para empresas que incumplan, se exigirá acreditación real de residencia. La normativa contempla un 10% de excepción para personal jerárquico o altamente especializado. Sin embargo, el Gobierno fue claro: estas excepciones no son automáticas.

Las empresas deberán: Demostrar que no existe personal capacitado en la provincia, justificar la contratación externa, implementar programas de formación para reemplazar esos puestos a futuro. “No se trata solo de traer trabajadores de afuera, sino de formar santacruceños para ocupar esos lugares“, remarcaron.

Capacitación

Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Trabajo impulsa el fortalecimiento de áreas de empleo y formación profesional, en articulación con: Universidades, Institutos técnicos, Organizaciones sindicales. El objetivo es preparar mano de obra local para responder a la demanda actual y futura del sector minero, que continúa en expansión.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta política se complementa con otras iniciativas como el impulso al compre local, el fortalecimiento de proveedores santacruceños, el desarrollo de pymes a través de registros como el RUPAE.

En ese marco, el Gobierno reafirma su enfoque de priorizar el trabajo local, ordenar la actividad privada y generar oportunidades reales para los santacruceños. Según se sostuvo, la implementación efectiva de la Ley 3.141 marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las empresas extractivas, con un rol más activo en la regulación.

Con controles más estrictos, herramientas digitales y políticas de formación, el Gobierno de Santa Cruz indicó que busca transformar el crecimiento del sector minero en empleo genuino para su población, consolidando un modelo productivo con mayor impacto social.