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Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Santa Cruz busca establecer un régimen obligatorio de seguridad para la infraestructura deportiva, recreativa y lúdica instalada en espacios públicos y privados de toda la provincia. La iniciativa, denominada socialmente “Ley Joaquín”, apunta a prevenir accidentes provocados por el vuelco o desprendimiento de estructuras como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.
La propuesta lleva las firmas de los diputados Santiago Aberastain Zubimendi, Segundo Santana, José Luis Quiroga, Fabiola Loreiro y Cristian Ojeda y establece una serie de requisitos para garantizar la estabilidad y seguridad de estas instalaciones.
El proyecto alcanza a escuelas, colegios e instituciones educativas de todos los niveles; clubes y complejos deportivos; plazas, parques, playones y paseos públicos; campamentos, centros recreativos y predios pertenecientes a organizaciones intermedias o religiosas.
Anclajes y controles obligatorios
Entre los principales puntos de la iniciativa se establece que las estructuras deportivas y recreativas deberán contar con sistemas de anclaje fijos al suelo, contrapesos homologados y protecciones acolchadas antivuelco, de manera de reducir al máximo el riesgo de caída ante el uso o la tracción de las personas.
El proyecto también contempla la realización de inspecciones técnicas obligatorias, que deberán estar a cargo de profesionales matriculados en Seguridad e Higiene.
Una vez realizada la verificación, los profesionales deberán emitir un “Certificado de Aptitud Técnica y Seguridad”, que acreditará que las instalaciones cumplen con las condiciones establecidas por la normativa.
El certificado deberá permanecer visible y accesible en el ingreso al establecimiento o en las inmediaciones de las instalaciones deportivas o recreativas inspeccionadas.
Un año para adecuar las instalaciones
En cuanto a los plazos, la iniciativa establece que los establecimientos alcanzados tendrán un año desde la reglamentación de la ley para adecuar sus estructuras.
El proyecto contempla, además, la posibilidad de extender ese período por única vez durante otro año, siempre que existan razones debidamente justificadas ante la autoridad correspondiente.
De esta manera, los autores de la propuesta plantean un período de hasta dos años para que las instituciones puedan realizar las obras y modificaciones necesarias.
Las aseguradoras también deberán intervenir
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa apunta a las compañías de seguros.
Según el proyecto, las empresas que otorguen coberturas de responsabilidad civil a los establecimientos alcanzados deberán exigir el Certificado de Aptitud Técnica y Seguridad vigente como requisito para emitir o renovar las pólizas.
La intención es incorporar un mecanismo adicional de control que permita garantizar que las instituciones mantengan sus instalaciones en condiciones adecuadas.
En caso de incumplimiento, la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo tendrá a su cargo las tareas de fiscalización, control periódico y aplicación de sanciones, que podrían incluir multas o clausuras.
Además, se invita a los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz a adherir a la futura normativa.
En los fundamentos, los legisladores explicaron que la iniciativa toma como antecedente la Ley N° 15.618 de la provincia de Buenos Aires, conocida como “Ley Joaquín”.
La normativa bonaerense surgió luego del fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió tras ser golpeado por un arco de fútbol que no contaba con la fijación y el anclaje adecuados, durante un campamento recreativo.
Para los autores del proyecto, aquel caso constituye una referencia directa para avanzar en un régimen preventivo en Santa Cruz.
El recuerdo de una tragedia en Río Gallegos
Sin embargo, los fundamentos remarcan que la provincia tiene también un antecedente propio que evidencia los riesgos de este tipo de estructuras.
El proyecto recuerda el 14 de julio de 2016, cuando la comunidad de Río Gallegos se vio conmocionada por el fallecimiento de un adolescente de 13 años en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Lucho” Fernández.
Según se señala en los fundamentos, el menor se encontraba en un momento de recreación cuando un arco de fútbol de grandes dimensiones, que no contaba con los sistemas de sujeción adecuados, cedió y lo golpeó en la cabeza, provocándole la muerte.
A partir de aquel episodio, los legisladores sostienen que el vuelco de estructuras deportivas pesadas no debe ser considerado una fatalidad imprevisible, sino un riesgo que puede ser prevenido mediante sistemas adecuados de ingeniería, anclaje y mantenimiento.
“El juego y el deporte deben ser sinónimos de vida”
En los fundamentos, los autores advierten que las características climáticas de Santa Cruz, particularmente los fuertes vientos, sumadas al uso intensivo de gimnasios, playones y espacios deportivos, hacen necesario reforzar las medidas de prevención.
“La norma propuesta no busca penalizar a los clubes de barrio ni a las escuelas públicas, sino dotarlos de un marco regulatorio claro”, sostienen los legisladores.
En ese sentido, remarcan que la iniciativa busca establecer un estándar común de seguridad y promover la intervención de profesionales matriculados para garantizar la correcta instalación y mantenimiento de las estructuras.
“Proteger la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en los lugares donde juegan, se educan y se desarrollan plenamente debe ser una prioridad absoluta e impostergable”, señala el texto.
Finalmente, los impulsores del proyecto plantearon que el Estado debe asumir un rol preventivo para evitar que tragedias ocurridas en el pasado vuelvan a repetirse.
“Es deber del Estado actuar de forma preventiva y garantizar, mediante esta ley, que el juego y el deporte sigan siendo sinónimos de salud, recreación y vida en el suelo santacruceño”, concluyeron.
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