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En la segunda jornada del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el abogado querellante Luis Tagliapietra insistió en que el proceso debía realizarse en Mar del Plata y no en Santa Cruz. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal, presidido por Mario Reynaldi, ratificó su competencia y ordenó continuar con el debate en Río Gallegos.
El planteo se produjo como cuestión preliminar antes de avanzar con las declaraciones de los cuatro exjefes de la Armada imputados por la tragedia que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.
Tagliapietra sostuvo que el juzgado federal con asiento en Santa Cruz no resultaba competente para intervenir en la causa, ya que la posición del submarino al momento de su desaparición y el hallazgo posterior de los restos se ubicaban más allá de las 200 millas náuticas desde la costa.
Según argumentó, la ley 26.261 fija ese límite como referencia para la competencia territorial de los juzgados federales. Indicó que la última posición reportada del ARA San Juan se encontraba a 313 millas náuticas de la costa y que los restos fueron hallados a 275 millas.
El abogado denunció además un supuesto “forum shopping”, al señalar que la denuncia inicial se presentó en Caleta Olivia ocultando información relevante sobre la distancia respecto del litoral. Afirmó que se brindaron coordenadas sin especificar que excedían las 200 millas y que esa circunstancia recién pudo acreditarse tras el hallazgo del submarino.
Tagliapietra recordó que la Cámara Federal y la Cámara de Casación rechazaron previamente este planteo, pero señaló que la cuestión se encuentra actualmente en análisis en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una queja por recurso extraordinario denegado.
En ese sentido, invocó la garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y solicitó que el tribunal tomara una decisión antes de avanzar con el debate, para evitar —según expresó— “un proceso y un debate fallido”.
El pedido de pericias técnicas
Como segunda cuestión preliminar, el querellante reclamó la realización de una pericia técnica integral ordenada en 2020 por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Se refirió al punto seis de la sentencia interlocutoria penal 710, que instruía a la jueza de grado a continuar la investigación con una pericia integrada por un cuerpo técnico de ingenieros navales o expertos designados de oficio, con participación de las partes.
Tagliapietra sostuvo que esa pericia no se concretó y que existieron “excusas” para no avanzar. Aseguró que instituciones de Países Bajos, Alemania y Francia habían manifestado su disposición a colaborar gratuitamente y que incluso ex cancilleres se mostraron abiertos a canalizar gestiones diplomáticas si existía un requerimiento formal de la Justicia.
Planteó que la prueba científica resultaba clave para analizar en profundidad las imágenes y videos obtenidos por el buque Civil Contractor de la empresa Ocean Infinity, determinar la mecánica del hecho y confirmar, rectificar o descartar hipótesis sobre las causas del naufragio.
Luis Tagliapietra es querellante en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. Su hijo es uno de los 44 tripulantes fallecidos en el siniestro y representa a 12 familias, además de la suya.
Rechazos
El Ministerio Público Fiscal rechazó ambos planteos. Señaló que la competencia territorial ya fue resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal y que la interposición de una queja no suspende el trámite del proceso.
En relación a la pericia, indicó que la cuestión ya fue tratada en instancias anteriores y que la jueza de instrucción realizó consultas al Ministerio de Defensa y a otros países, con respuestas negativas.
La querella representada por Valeria Carreras, que representa a 34 familiares de víctimas, también se opuso. Remarcó que los planteos ya fueron resueltos y que tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería realizaron gestiones internacionales sin resultados positivos. Solicitó que el tribunal rechazara cualquier intento de suspensión y avanzara con el juicio.
Las defensas coincidieron en sostener la competencia del tribunal santacruceño. Si bien algunas remarcaron la ausencia de una pericia técnica integral, manifestaron la necesidad de continuar con el debate oral tras más de ocho años desde el hundimiento.
Tras un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Reynaldi, comunicó la decisión a favor de la postura mayoritaria de las partes y recordó que la competencia ya fue resuelta el 11 de julio de 2025 y confirmada por la Cámara de Casación el 6 de octubre de ese mismo año.
Reynaldi explicó que la existencia de una queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso, conforme al artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial. Además, citó el artículo 40 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que los actos procesales no serán nulos hasta que se disponga la incompetencia.
“Hasta que la Corte no se expida, este tribunal va a continuar con el debate y ratificar la competencia para el conocimiento de la causa”, afirmó.
En cuanto a la pericia técnica solicitada, sostuvo que se trata de una cuestión precluida, ya resuelta al momento de proveer la prueba en septiembre de 2025 y reiterada en la audiencia preliminar de diciembre. Por ello, el tribunal no hizo lugar al pedido.
Con esta resolución, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan continua en Santa Cruz, tal como lo definió el Tribunal Oral Federal, a la espera de lo que eventualmente resuelva la Corte Suprema sobre la cuestión de competencia. Mientras tanto, el debate avanza en Río Gallegos con la acusación contra los cuatro ex altos mandos de la Armada y el análisis de las responsabilidades penales por la tragedia que conmocionó al país.
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