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Este miércoles trabajadores del Hospital Regional de Río Gallegos marcharon por las calles de la ciudad para reclamar por la suspensión de 26 empleados de ese nosocomio luego de un reclamo realizado en la sede del ministerio de Salud. La concentración comenzó en el HRRG y se trasladó por la avenida San Martín en dirección al mástil ubicado en la intersección con la avenida “Presidente Néstor Kirchner”.

La nutrida caravana de personas incluía a personal de salud, muchos de ellos identificados con barbijos, dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), entre otros, quienes repudiaron el accionar del ministerio que conduce Lorena Ross.

Mariano Quintana, referente de los autoconvocados y uno de los sancionados por el ministerio de Salud. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Uno de los manifestantes en tomar la palabra fue Mariano Quintana, precisamente uno de los sancionados por el ministerio de Salud, quien indicó a La Opinión Austral que  “recibimos la notificación de la suspensión” y acotó: “Son 26 familias que quedan con pocos recursos, quiero que la sociedad lo sepa, 26 familias con hijos que el gobierno ha amedrentado de esta forma”.

Asimismo, negó rotundamente los dichos de la ministra Ross, que horas atrás había hablado de una postura agresiva o violenta que tuvieron los manifestantes. “El gobierno tiene que dar de baja la suspensión, es lo que pedimos y que abran la paritaria, estamos suspendidos porque pedimos una recomposición salarial, no se entiende la postura del gobernador”, incluso, remarcó que Claudio Vidal habló en las últimas horas en Madryn, Chubut, diciendo que no había que excluir a los trabajadores y en Santa Cruz se está haciendo lo contrario.

Los trabajadores de la salud de solidarizaron con los suspendidos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sobre la suspensión, si bien se aclaró que no es con descuento del sueldo, Mariano Quintana indicó que al no poder asistir al lugar de trabajo no pueden hacer horas extras ni cobrar arancelamiento, por lo que los perjudica enormemente. “Es una locura lo que está llevando adelante el gobierno” dijo y agregó que a la movilización no sólo fue personal de salud sino población en general para respaldarlos.

En cuanto a los dichos de Ross que fue retenida en contra de su voluntad, el trabajador fue rotundo: “Eso nunca pasó, ella se reunió con nosotros, tenía que recibir a tres personas ese día, recibir a los trabajadores de la salud para que nos sentemos que discutir la cuestión salarial después de la mesa conciliatoria”.

Miguel del Plá, dirigente de ADOSAC, indicó que esta medida contra los trabajadores de la salud ameritaba un paro de todos los empleados públicos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

 

También presente en la movilización, el dirigente de ADOSAC Miguel del Plá denunció que el gobierno sanciona a los trabajadores por manifestarse, lo que calificó como “gravísimo”. En ese aspecto, sostuvo: “Yo creo que este es un tema que merecería un paro si hubiera una CGT y una CTA que funcionaran, un paro de todos los trabajadores, porque cuando se persigue a la gente, hay que responder con unidad de los trabajadores; es muy grave, es mucho más grave que todos los demás temas”.

Qué dijo el ministerio

La ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, se refirió al episodio ocurrido el 19 de septiembre, cuando -según dijo- un grupo de trabajadores autoconvocados “ingresó de manera violenta” al edificio central del organismo e “impidió la salida de funcionarios y empleados“.

María Lorena Ross, ministra de Salud de la provincia. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

La funcionaria confirmó que el hecho derivó en una denuncia penal y en la apertura de un sumario administrativo. “Más allá de que uno pueda hacer un reclamo genuino, no fueron las formas“. “Nos privaron de la libertad a mí y a otros trabajadores que estaban en el lugar, fue un momento difícil”, describió.

En ese marco, aclaró que “las suspensiones de 90 días son preventivas y no implican descuentos. Los trabajadores siguen cobrando su sueldo. Lamentablemente, hubo difamaciones en redes sociales que buscaban generar miedo, pero eso no es real”, subrayó.

Según argumentó Ross, la decisión de suspender a los empleados responde a la necesidad de “separar a las partes” y evitar nuevos episodios de violencia. “No es un castigo, es una consecuencia lógica de lo sucedido”, señaló.

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