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El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida administrativa vinculada a la continuidad de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. A través de la Resolución 274/2026, publicada este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial, autorizó el llamado a una Licitación Pública Nacional para contratar una consultora que tendrá a su cargo la inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa de los trabajos.
La contratación contempla un presupuesto oficial de $39.624.345.857,96 y comprende los aprovechamientos hidroeléctricos La Barrancosa y la línea de extra alta tensión (LEAT). El servicio se extenderá hasta la recepción definitiva de la obra y no contempla el otorgamiento de un anticipo financiero.
La convocatoria se produce después de un cambio en el esquema de administración del proyecto. En abril de este año, mediante el Decreto 238/2026, el Gobierno nacional oficializó la salida de Energía Argentina S.A. (ENARSA) como comitente de las represas y trasladó esa responsabilidad a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
De esta manera, el organismo quedó a cargo de las funciones, derechos y obligaciones emergentes de los contratos y sus adendas, además de las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante el proyecto.
El cambio se produjo en el marco del proceso de privatización de ENARSA y de la reorganización de las responsabilidades sobre la obra. El decreto también instruyó a la Secretaría de Energía y a la empresa estatal a garantizar una transición ordenada para asegurar la continuidad de las tareas.
El nuevo esquema de control
En ese contexto, la Secretaría de Obras Públicas debe garantizar el seguimiento y la fiscalización de los trabajos. Para ello, la resolución publicada este viernes habilitó la contratación de servicios especializados de inspección.
La Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, había planteado la necesidad de contar con asistencia técnica para asegurar el adecuado control durante la ejecución de las obras.
La consultora que resulte adjudicataria deberá intervenir en cuatro áreas: inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa. Se trata de un servicio de supervisión que permitirá al organismo comitente contar con herramientas para controlar el desarrollo del proyecto.
El procedimiento se realizará mediante una licitación de etapa múltiple y bajo el sistema de ajuste alzado.
Una señal sobre la continuidad de las represas
Más allá de la contratación de una consultora, el llamado a licitación representa una señal de que el gobierno de Javier Milei, busca avanzar con el proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz.
La medida no implica por sí misma el reinicio de las tareas de construcción ni constituye una adjudicación de nuevos trabajos a la UTE contratista. Sin embargo, pone en marcha un procedimiento para conformar el esquema de inspección y control que deberá acompañar la ejecución de la obra.
En marzo de este año, La Opinión Austral informó en exclusiva sobre la firma del acuerdo entre ENARSA y la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo, que permitió establecer condiciones para planificar el reinicio de los trabajos.
Ahora, con el cambio de comitente ya instrumentado y la convocatoria para contratar una consultora de inspección, Nación suma otro paso administrativo vinculado a la continuidad de las represas.
La convocatoria deberá permanecer publicada durante 15 días en el Boletín Oficial, con una anticipación de 20 días, de acuerdo con la normativa vigente.
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