Paula Ludueña en declaraciones exclusivas a La Opinión Austral: “Vamos a ser un nuevo Caso Sosa, pero por tres”

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña, rompió el silencio tras la decisión de la Caja de Previsión Social de aprobar las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por el Decreto 608 del Poder Ejecutivo Provincial. Anticipó que, junto a Reneé Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau, realizarán presentaciones judiciales y, de ser necesario, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por la violación de la estabilidad como magistradas.

En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, Ludueña cuestionó con dureza la decisión adoptada el viernes 14 de agosto por el organismo previsional y adelantó: “Vamos a mandar cartas documento y vamos a entablar acciones legales. Llegaremos a la Corte. Vamos a ser un nuevo Caso Sosa, pero por tres”, afirmó la magistrada.

Ludueña calificó la decisión de la Caja como una “jubilación compulsiva y arbitraria” y apuntó también contra el hecho de que la medida alcance a las tres únicas mujeres que integran actualmente el Tribunal Superior de Justicia. “Es, además, una decisión bien machirula: se toma con las únicas tres vocales mujeres”, subrayó.

“Ninguna de las tres renunció”

La controversia se originó luego de que el Directorio de la Caja de Previsión Social aprobara, en una reunión extraordinaria realizada el viernes, los primeros 27 beneficios jubilatorios comprendidos por el Decreto 608. Entre las personas alcanzadas se encuentran cinco integrantes del Poder Judicial y las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, Ludueña sostuvo que la situación fue interpretada de manera diferente por el organismo previsional. “Ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites”, remarcó la vocal del TSJ, quien explicó que las magistradas habían comenzado el proceso para acceder al beneficio, pero que eso no implicaba una renuncia a sus cargos.

Desde la Caja de Previsión Social, en tanto, señalaron a La Opinión Austral que las personas alcanzadas por las resoluciones habían iniciado los trámites y presentado la documentación correspondiente. Según explicaron desde el organismo, todas habían completado un formulario con carácter de declaración jurada. “No se jubiló a nadie de oficio, le pidieron algo al Estado y el Estado se lo está dando”, afirmaron.

Por su parte, el vocal por los trabajadores activos de la CPS, Cristian Sánchez, quien participó de la reunión extraordinaria, había cuestionado previamente el alcance de la normativa y sostuvo que el Decreto 608 permite “jubilarte de manera forzosa”. Lo que hay detrás es “una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de sacar jueces que no son de tu partido político”, aseveró a La Opinión Austral.

El artículo 128 de la Constitución

Uno de los principales argumentos planteados por Ludueña apunta a la estabilidad constitucional de los magistrados del Poder Judicial. La vocal sostuvo que el Decreto 608 no resulta aplicable a los jueces que cuentan con estabilidad constitucional y citó específicamente el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz, que establece el mecanismo de remoción de los magistrados mediante juicio político. “Los jueces gozan de estabilidad constitucional. Solo pueden ser removidos por juicio político”, planteó.

La magistrada volvió a poner el tema sobre la mesa este lunes a través de sus redes sociales. Allí recordó que el pasado 6 de agosto había sido notificada por la Caja de Previsión Social de que se encontraba en condiciones de acceder a la jubilación a partir del 1 de octubre de 2026. “El 6 del 8 fui notificada por la Caja de Previsión que estaba en condiciones de acceder a jubilarme el 1/10/26. ¿En qué momento decidieron adelantar 45 días? ¿Bajo qué circunstancias decidieron que ya no tengo derecho a presentar mi renuncia?”, cuestionó. Y volvió a insistir: “La Constitución es clara. Vayan directo al artículo 128”.

El antecedente de la cautelar

Otro de los puntos que Ludueña puso bajo la lupa es el recorrido judicial que tuvo el Decreto 608. Según explicó, la norma permaneció durante un período sin plena vigencia debido a una medida cautelar impulsada por Cristian Sánchez, vocal por los activos de la Caja de Previsión Social, además de una acción de inconstitucionalidad.

La situación cambió el 3 de julio, cuando los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia –Acevedo, González Nora, De la Vega y Contreras– resolvieron, por mayoría, dejar sin efecto la medida cautelar.

La decisión se produjo a partir de un planteo realizado por la Fiscalía de Estado, a cargo de Natalia Linardi, para que se aplicara la nueva legislación sobre medidas cautelares, que establece límites temporales para ese tipo de decisiones judiciales.

No obstante, Ludueña remarcó que la cuestión de fondo todavía no está resuelta: resta determinar judicialmente si el Decreto 608 es constitucional.

¿Qué ocurriría si el Decreto 608 es declarado inconstitucional? Ese punto abre, además, un interrogante sobre las jubilaciones ya aprobadas. Si la Justicia determinara que el Decreto 608 es inconstitucional, deberá definirse qué sucede con los beneficios otorgados bajo esa normativa, incluidos los correspondientes a integrantes del Poder Judicial.

Para Ludueña y las otras dos vocales, además, existe una discusión adicional: aun cuando se determine la constitucionalidad general del decreto, sostienen que la norma no puede aplicarse a magistrados que cuentan con estabilidad constitucional.

La disputa, de este modo, suma un nuevo capítulo a la tensión institucional que atraviesa al Poder Judicial de Santa Cruz. El conflicto llega además pocos días después de que la Legislatura provincial rechazara un nuevo pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

Ahora, las tres vocales –Ludueña, Fernández y Mercau– anticiparon que llevarán su reclamo por todas las instancias judiciales que consideren necesarias y no descartan llegar, como lo hizo en su momento el Procurador Eduardo Sosa, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.