Península de Magallanes: desde el Consejo Agrario aseguran que “no hay nada que ocultar” y que asistirán a Diputados

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad de los legisladores un requerimiento al Poder Ejecutivo Provincial para que, en un plazo máximo de 48 horas, envíe el expediente completo y la totalidad de los antecedentes sobre el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, mediante el cual se autorizó, de forma excepcional, una operación con capitales extranjeros dentro de la Península de Magallanes. La legislatura solicitó además copias de los estudios de impacto ambiental y el detalle del procedimiento administrativo ejecutado por la provincia.

El requerimiento promovido desde la Cámara de Diputados se centró en la exigencia de transparencia sobre el Decreto N° 0915/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo otorgó una excepción a las restricciones fijadas por el Decreto Provincial N° 0994/17 para la operación de la firma ASB Hospitality Calafate SAU. Los legisladores expresaron la necesidad de acceder a la totalidad de los dictámenes jurídicos, expedientes y certificaciones emitidas por el Consejo Agrario Provincial y la Secretaría de Estado de Ambiente, a fin de constatar que no se vulnere el ecosistema del área protegida cercana al Parque Nacional Los Glaciares.

Remarcaron que el cuestionamiento no busca frenar la llegada de inversiones turísticas ni la generación de empleo en la provincia, sino garantizar que los emprendimientos se ejecuten dentro de marcos normativos precisos y sin tratamientos de excepción discrecionales. Asimismo, señalaron la falta de participación previa de la comunidad de El Calafate en el proceso de decisión, por lo que consideraron imprescindible la comparecencia de las autoridades provinciales para exponer los fundamentos técnicos del expediente.

Frente al planteo del cuerpo legislativo, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, fundamentó el actuar oficial en declaraciones a LU12 AM680. Aseguró que el pedido parlamentario obedece a la desinformación de “algunos legisladores”. Señaló que la falta de conocimiento preciso conduce a interpretaciones erróneas y procedió a detallar el historial dominial de la firma La Escudera del Sur, la normativa ambiental vigente y el procedimiento técnico llevado a cabo por el organismo estatal.

Marco normativo

Hugo Garay remarcó en LU12 AM680 que los “inmuebles afectados corresponden al dominio privado desde hace más de seis décadas”. Precisó que la “provincia transfirió los títulos de propiedad en la década de 1960, por lo que el Estado provincial no posee responsabilidad directa sobre la titularidad del suelo”.

Aclaró que, de la “superficie total de 38.900 hectáreas que integran el área protegida de la Península de Magallanes, solo un porcentaje minoritario y de difícil acceso permanece bajo la órbita pública, mientras que el resto pertenece a privados”.

Respecto de las restricciones para construir, explicó que la “firma privada se vio imposibilitada durante décadas debido a la ausencia de un plan de manejo”. Ante esa vacancia, en 2022 la compañía “promovió un recurso de amparo que obligó al Estado provincial a elaborar el marco regulatorio correspondiente. Fue formalmente aprobado en 2023 tras ser sometido a un proceso participativo que incluyó la realización de una audiencia pública y la formulación de las correcciones normativas pertinentes”.

En el marco de ese instrumento legal, en “2023 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente a la totalidad de sus hectáreas en la península”. Tras completar el “circuito administrativo obligatorio ante la Secretaría de Estado de Ambiente, la evaluación técnica concluyó exitosamente en 2024 con la aprobación final, acreditando el cumplimiento pleno de la legislación vigente”.

En cuanto a las dimensiones del proyecto, Garay rectificó las versiones sobre la escala de la iniciativa y desmintió una eventual venta de territorio o de accesos hídricos. Especificó que, “sobre las 38.900 hectáreas que comprende la península en su totalidad, la autorización gubernamental habilita la intervención sobre un predio de tan solo 20 hectáreas“. Puntualizó además que dicho sector no posee acceso a espejos ni cursos de agua, estando delimitado exclusivamente por área boscosa.

Que se construirá

Dentro de esa fracción de 20 hectáreas, la infraestructura aprobada ocupará una superficie de 4 hectáreas. El complejo proyectado contempla la edificación de 24 cabañas con un tope de 60 plazas de alojamiento, un salón de usos múltiples y senderos peatonales. Aseguró que la iniciativa constituye el primer desarrollo adecuado de forma integral a las exigencias del plan de manejo de la Península de Magallanes.

En materia ambiental, el titular del Consejo Agrario Provincial destacó que el proyecto presentado contempla estándares de contención superiores a las exigencias mínimas vigentes en Santa Cruz. La firma incorporó un sistema de tratamiento de efluentes de tecnología avanzada y un plan de prevención y combate de incendios forestales. Asimismo, confirmó que la remoción de cubierta vegetal será mínima y que la infraestructura no generará impacto visual hacia los circuitos turísticos ni entorpecerá la vista desde el Parque Nacional Los Glaciares.

Control estatal

Garay fundamentó el interés del Poder Ejecutivo en autorizar la iniciativa en la “necesidad de captar inversiones de escala y generar puestos de trabajo en el rubro de la construcción y los servicios”.

Explicó que la “propuesta apunta a un segmento de turismo internacional exclusivo que hoy no arriba a El Calafate, por lo que no competirá con la oferta hotelera tradicional de la villa turística sino que complementará el circuito local”.

Paralelamente, diferenció este emprendimiento de otras infraestructuras desarrolladas en la zona del glaciar Perito Moreno por gestiones anteriores, las cuales generaron un severo impacto visual y debieron ser frenadas por incumplir las pautas ambientales. Afirmó que la provincia mantendrá las facultades de contralor ambiental a lo largo de todas las etapas de la obra para verificar el estricto cumplimiento de los parámetros autorizados.

Finalmente, el titular del organismo agrario confirmó que concurrirá a la Cámara de Diputados acompañado por la Directora de Áreas Protegidas y el equipo legal del área para exhibir el expediente completo y despejar las objeciones planteadas. Si bien manifestó su malestar por el uso político de la información por parte de determinados sectores legislativos, ratificó el compromiso de la gestión con la transparencia y el cuidado de los recursos naturales de Santa Cruz.Península de Magallanes: el presidente del Consejo Agrario Provincial dijo que no hay nada que ocultar y que asistirá a Diputados