Piden información sobre contratos, ingresos y gastos del Parque Nacional Los Glaciares

Un ecologista de El Calafate, Agustín Alejandro González, presentó este miércoles 21 de octubre una solicitud de acceso a la información pública ante la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN). El requerimiento apunta a conocer documentación administrativa, contractual y económica vinculada con la gestión del área protegida durante los últimos doce meses.

La presentación se fundamenta en la Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y comprende el período entre el 21 de octubre de 2025 y el 21 de octubre de 2026. El objetivo es acceder a documentos relacionados con los acuerdos celebrados por el organismo, los recursos económicos administrados y las actividades desarrolladas dentro del parque.

Entre los puntos centrales, González solicitó copias de contratos, convenios, acuerdos de cooperación y otros instrumentos suscriptos, renovados o vigentes durante el período. También requirió identificar a las personas, empresas, asociaciones, fundaciones y organismos públicos o privados que hayan mantenido vínculos con la Administración de Parques Nacionales o con la Intendencia del área protegida.

Convenios, empresas y entidades extranjeras

El pedido incluye un apartado específico sobre las relaciones con empresas privadas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y entidades extranjeras. En ese sentido, solicita información sobre los objetivos de los acuerdos, sus plazos, las obligaciones asumidas por las partes, los aportes comprometidos y efectivamente realizados, así como las contraprestaciones y los beneficios previstos.

Además, requiere documentación sobre donaciones, subsidios, financiamiento externo, cesiones de uso, permisos y autorizaciones que involucren bienes, instalaciones, recursos naturales o servicios dentro del parque. También pide acceder a las aprobaciones administrativas y a los informes ambientales, patrimoniales, económicos y jurídicos correspondientes, cuando existan y sean de acceso público.

Recaudación, gastos y concesiones turísticas

Otro de los ejes de la presentación está relacionado con los ingresos y egresos económicos vinculados con el Parque Nacional Los Glaciares. González solicitó un detalle de la recaudación por entradas, servicios turísticos, concesiones, permisos, cánones, alquileres, actividades comerciales, multas, tasas, donaciones y otras fuentes de financiamiento.

El requerimiento contempla información mensual y discriminada por concepto, sector o acceso, de acuerdo con los registros disponibles. También pide conocer qué organismos, concesionarios o terceros intervienen en la percepción y administración de los fondos, además de las rendiciones de cuentas, liquidaciones y transferencias realizadas.

En materia de gastos, la solicitud comprende pagos, inversiones, gastos operativos y administrativos, obras, adquisiciones, mantenimiento, infraestructura y equipamiento. Para esos conceptos, reclama información sobre los importes, las fechas, los proveedores o beneficiarios, los procedimientos de contratación y las fuentes de financiamiento, junto con la documentación respaldatoria correspondiente.

El escrito también abarca licitaciones públicas y privadas, contrataciones directas, adjudicaciones, permisos comerciales y concesiones. Entre las actividades mencionadas se encuentran el cobro de entradas, el transporte turístico, las excursiones, la navegación, los servicios gastronómicos y el alojamiento, además de las inspecciones, auditorías, sanciones y actuaciones relacionadas con el cumplimiento de los contratos.

Resoluciones, auditorías y control de los fondos

La presentación solicita, asimismo, copias de resoluciones, disposiciones y otros actos administrativos relacionados con los contratos, convenios, concesiones y compromisos económicos. Requiere que se identifiquen los expedientes, las fechas, las autoridades firmantes, los fundamentos y el estado de ejecución de las medidas.

En cuanto a los mecanismos de control, González pidió informes de auditorías internas y externas, revisiones contables, rendiciones de cuentas y documentación sobre la ejecución presupuestaria. También solicitó conocer las observaciones detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas correctivas adoptadas, en caso de existir y siempre que su divulgación no esté legalmente exceptuada.

Otro apartado está dedicado a los permisos y autorizaciones que permiten a terceros utilizar bienes públicos, terrenos, instalaciones o infraestructura del parque. En esos casos, requiere identificar a los beneficiarios, las condiciones de uso, la duración, las contraprestaciones económicas y los fundamentos jurídicos de cada autorización.

El plazo de respuesta previsto por la ley

En el tramo final del escrito, el vecino solicitó que la documentación sea entregada en formato digital, preferentemente PDF y, cuando se trate de registros tabulares, en formatos reutilizables como CSV o XLSX. También pidió que la información se organice por fecha, tipo de instrumento, expediente, contraparte y concepto económico, siempre que sea posible con los registros existentes.

La presentación invoca los principios de transparencia y máxima divulgación establecidos en la Ley 27.275. Además, solicita que, si parte de la documentación no se encuentra en poder de la Intendencia, el requerimiento sea remitido al organismo competente. En caso de que existan datos legalmente exceptuados, pide que se entregue la información restante mediante la correspondiente disociación o testado.

De acuerdo con el artículo 11 de la norma, el plazo general para responder una solicitud de acceso a la información pública es de 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga excepcional por otros 15 días hábiles, que debe comunicarse de manera fundada antes del vencimiento del plazo original.

Por último, González requirió una constancia formal de recepción, con fecha y número de expediente, y que cualquier denegatoria total o parcial sea expresa y debidamente fundamentada.

La presentación busca acceder a documentación pública sobre el funcionamiento administrativo, económico y contractual del Parque Nacional Los Glaciares. El escrito no consigna resultados de una eventual respuesta de la APN ni confirma la existencia de irregularidades, sino que reúne los distintos puntos sobre los cuales el vecino solicitó información.