Plan de Alivio Financiero: se refinanciaron $42.000 millones y el endeudamiento promedio de los estatales equivale a dos años de sueldo

El Gobierno provincial prorrogó el Plan de Alivio Financiero del Banco Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de este año y amplió su alcance para los trabajadores de la Administración Pública. Gustavo Martínez, director de la entidad en representación del Poder Ejecutivo, explicó en LU12 AM680 que la principal modificación radica en la flexibilización de las condiciones de acceso para los agentes estatales.

“Podrán acceder aquellos trabajadores que tengan comprometido el 60% o más de su salario, en vez de 75% como hasta ahora“, detalló y recordó que la primera etapa del programa, implementada entre abril y junio pasado, se enfocó en un universo de 4.800 personas que presentaban deudas por préstamos y consumos con tarjetas de crédito. De ese total, más de 3.500 empleados públicos y jubilados se adhirieron al régimen para regularizar su situación.

El último corte de la entidad arrojó un total de 42.000 millones de pesos refinanciados. “Eso equivale a un endeudamiento promedio de entre 10 y 15 millones que en muchos casos supera los 2 años de sueldos“, precisó. Ante la rebaja del tope de afectación al 60%, Martínez estimó que las solicitudes de ingreso podrían triplicarse en esta nueva fase, la cual mantiene su carácter voluntario.

Un mal de todos los argentinos

El beneficio apunta a mitigar el impacto de la exclusión financiera, una problemática que afecta a casi ocho millones de personas en el país, quienes quedan fuera del sistema bancario, comercial y de billeteras virtuales. Al ingresar a la refinanciación provincial, los agentes recuperan en promedio el 50% de su salario de bolsillo y dejan de estar informados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Respecto a los costos financieros, especificó que se fijó un tope de tasa de interés del 50%. El funcionario comparó este porcentaje con la situación macroeconómica previa, donde las tasas de créditos bancarios rondaban el 90%, el pago mínimo de tarjetas de crédito aplicaba recargos de entre el 160% y 180%, y las entidades no bancarias alcanzaban hasta un 300%. “Toda esa deuda que adquiriste con esos intereses se frena y se pone este interés que es un poquito más manejable“, sostuvo.

El trámite se inicia de forma virtual en la página del banco y requiere una posterior cita presencial obligatoria. “Sí o sí tienen que hacer el trámite en forma individual porque la decisión del alivio financiero en cuántas cuotas, de qué manera, es absolutamente personal y conforme a la economía de cada uno“, indicó Martínez. El plazo máximo de financiación es de 72 cuotas, aunque los beneficiarios pueden optar por plazos menores de 48 o 60 meses.

El director también reconoció que la alta demanda inicial generó demoras operativas, lo que obligó a reestructurar la atención comercial de la entidad. Las tramitaciones diarias se incrementaron de un promedio de 50 a más de 250 por jornada. “Yo no estoy conforme y sigo pidiendo que aceleren un poco más estos circuitos porque la gente lo necesita“, manifestó.

Financiamiento por USD 600 millones

Por otra parte, Martínez respaldó el proyecto oficial para tomar un crédito internacional por 600 millones de dólares y desestimó los cuestionamientos de la oposición. “La discusión técnica financiera es indudable que este endeudamiento en dólares es mucho más beneficioso y sobre todo por las formas“, afirmó. El funcionario destacó el rol de la Corporación Andina de Fomento (CAF) como organismo multilateral de crédito, remarcando que cuenta con estrictos mecanismos de auditoría y desembolsa los fondos en función de la certificación de las obras.

Finalmente, defendió el destino de los fondos para financiar obras de infraestructura esenciales en Santa Cruz, especialmente en materia de distribución de agua potable. Mencionó las complejidades que atraviesan localidades de la zona norte como Puerto Deseado y San Julián, y la situación crítica de Río Gallegos, cuyo acueducto fue diseñado en los años noventa para una población sustancialmente menor a los 130.000 habitantes actuales. “Decir que no hay que trabajar con el agua en Río Gallegos es de una irresponsabilidad absoluta“, concluyó.