Proponen un nuevo régimen de coparticipación para municipios y comisiones de fomento

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Santa Cruz propone establecer un nuevo Régimen de Coparticipación Provincial para los municipios y las comisiones de fomento, con vigencia a partir del 1° de enero de 2027. La iniciativa busca modificar la distribución de los recursos provinciales, establecer reglas automáticas de asistencia financiera y ordenar las obligaciones con los organismos de la seguridad social.

El texto, firmado por los diputados Agostina Mora, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy, plantea que el 19% de la masa bruta coparticipable se destine al conjunto de los gobiernos locales (actualmente es del 11%), mientras que el 81% restante corresponda al Gobierno provincial.

La nueva masa coparticipable incluiría recursos de origen nacional, como la Coparticipación Federal de Impuestos, y de origen provincial, entre ellos los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas, las regalías de gas y petróleo y las regalías mineras (estas últimas y Juegos de Azar y Rifas, en la actualidad no se coparticipan).

Cómo se distribuirán los recursos

El proyecto establece tres criterios para repartir los fondos entre los municipios y las comisiones de fomento. El 83,15% se distribuirá en proporción directa a la población; el 11% se dividirá en partes iguales entre las municipalidades, con excepción de las tres más pobladas, y las comisiones de fomento; y el 5,85% se asignará de acuerdo con la diferencia poblacional de cada localidad respecto de Río Gallegos.

Además, la distribución deberá realizarse con una frecuencia no mayor a 15 días y los coeficientes municipales se actualizarán de acuerdo con los datos del último censo nacional o provincial disponible.

Una garantía para afrontar los salarios

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una garantía automática destinada a cubrir la diferencia entre la coparticipación recibida y el gasto en personal homologable de cada jurisdicción.

Se busca reemplazar las asistencias financieras extraordinarias sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo.

El mecanismo busca reemplazar las asistencias financieras extraordinarias sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo por un procedimiento regulado por ley. Para acceder, los municipios y las comisiones de fomento deberán adherir al régimen, presentar sus declaraciones juradas mensuales y cumplir con las condiciones establecidas.

La garantía tendrá carácter transitorio y alcanzará a los 18 meses comprendidos entre enero de 2027 y junio de 2028. A su vez, tendrá un límite global equivalente al 7,8% de los recursos correspondientes a la participación del Gobierno provincial en cada semestre.

En los fundamentos, los autores señalaron que durante 2025 el déficit consolidado de los 20 municipios y comisiones de fomento alcanzó los $21.193 millones, una situación que, según plantearon, refleja las dificultades de los gobiernos locales para afrontar sus gastos corrientes.

Regularización de deudas y control de aportes

La propuesta también contempla un esquema para normalizar las obligaciones de los municipios y las comisiones de fomento con la Caja de Previsión Social (CPS), la Caja de Servicios Sociales (CSS) y el Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz (ISPRO).

La propuesta contempla un esquema para normalizar las obligaciones de los municipios y las comisiones de fomento.

En ese marco, establece la extinción de las deudas por contribuciones patronales y seguros a cargo del empleador devengadas antes del inicio del nuevo régimen, mientras que los aportes personales no prescriptos quedarán comprendidos en una moratoria, con un plazo de gracia de 12 meses y condiciones de financiación que deberá establecer el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Para las obligaciones futuras, se prevé que los aportes personales, las contribuciones patronales y los seguros se retengan directamente de los recursos coparticipables, con efecto cancelatorio sobre los períodos efectivamente retenidos.

Además, se propone crear el Sistema Integrado de Retenciones y Bases Remunerativas (SIRBRE), que funcionará en la órbita de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP). La iniciativa también dispone la creación de un portal de consulta para que los trabajadores puedan verificar si sus empleadores declararon y pagaron los aportes y las contribuciones correspondientes.

Un consejo para administrar el régimen

El proyecto propone crear el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, integrado por un representante del Poder Ejecutivo provincial, representantes de los municipios adheridos y uno de las comisiones de fomento.

El organismo tendrá a su cargo la fiscalización de las declaraciones juradas, la actualización de los coeficientes de distribución, la determinación de las garantías y las retenciones, además de emitir dictámenes sobre operaciones de endeudamiento y administrar un Portal Único de Datos Fiscales de acceso público y gratuito.

Se propone crear el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Los municipios y las comisiones de fomento deberán adherir mediante ordenanza o resolución dentro de los 60 días de promulgada la ley y, en todos los casos, antes del 30 de noviembre de 2026. Las jurisdicciones que no adhieran no podrán acceder a la garantía ni a los mecanismos de regularización previstos.

Por último, la iniciativa encomienda al Consejo elaborar, antes del 31 de diciembre de 2027, un anteproyecto de un nuevo régimen de coparticipación que contemple las competencias, los servicios y las funciones efectivamente prestados por cada nivel de gobierno, junto con sus costos e indicadores de cobertura.

Cabe destacar que este proyecto tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria y ya está en condiciones de ser tratado en comisiones antes de la sesión del 22 de octubre.