El conflicto salarial en el Poder Judicial de Santa Cruz sumó este jueves un nuevo capítulo. Integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) se presentaron en la sede del Tribunal Superior de Justicia para entregar una nota y solicitar una reunión con las autoridades.
El ingreso al edificio estuvo custodiado por efectivos| de la Policía de Santa Cruz. En un primer momento, los representantes gremiales no pudieron ingresar y la nota fue recibida en la puerta. Finalmente, el secretario general del sindicato, Franco Mascheroni, pudo acceder para realizar la presentación.
El reclamo por los 10 días de paro descontados
Uno de los principales puntos de la protesta está relacionado con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de aplicar descuentos salariales correspondientes a 10 días de paro realizados durante el conflicto: cinco jornadas a fines de julio y otras cinco a comienzos de agosto.
Desde el gremio cuestionaron la medida y señalaron que los descuentos se producen en un contexto en el que, según sostienen, el propio Poder Judicial mantiene pendientes acuerdos salariales alcanzados previamente.
“Hoy tenemos muchos trabajadores y trabajadoras con mucha deuda y encima ahora se tomaron el tupé de descontar 10 días de las medidas de fuerza”, expresó Mascheroni en diálogo con La Opinión Austral.
El dirigente consideró que el descuento resulta especialmente grave por la situación económica que atraviesan numerosos empleados judiciales.
La Opinión Austral pudo saber que, que varios trabajadores judiciales que no adhirieron a las medidas de fuerza y cumplieron con sus jornadas laborales consideran correcta la decisión de descontar los días no trabajados a quienes participaron de los paros. Al mismo tiempo, se encuentran bajo observación los casos de empleados que, según pudo conocerse, no se habrían reincorporado a sus puestos de trabajo tras la finalización de la feria judicial de invierno.
Reclaman el cumplimiento de los acuerdos salariales
El conflicto se arrastra desde hace varios meses y las medidas de fuerza comenzaron a profundizarse desde mayo. De acuerdo con lo señalado por el sindicato, existen acuerdos salariales que todavía no fueron aplicados en su totalidad.
Mascheroni explicó que los trabajadores habían recibido un incremento del 4% en los haberes de julio, correspondiente a enero, pero afirmó que ese pago fue insuficiente frente a los acuerdos pendientes.
“Fue lo único que se pagó y no sabemos si se va a seguir pagando”, sostuvo el secretario general del sindicato.
El gremio reclama conocer cuál será el cronograma mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia prevé cancelar los incrementos adeudados y pidió información concreta sobre las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo para obtener los recursos necesarios.
El TSJ sostiene que no cuenta con fondos
En una resolución difundida en el marco del conflicto, la mayoría del Tribunal Superior de Justicia sostuvo que existe una imposibilidad concreta para aplicar los incrementos debido a la falta de recursos y señaló que se realizaron gestiones ante el Poder Ejecutivo.
El planteo se vincula con los acuerdos salariales que establecen la aplicación en el ámbito judicial provincial de los incrementos acordados a nivel nacional, siempre que existan recursos disponibles.
Desde el gremio, sin embargo, sostienen que el Tribunal debe profundizar las gestiones para obtener los fondos y cumplir con los compromisos asumidos.
Mascheroni cuestionó además la falta de reuniones formales con las autoridades judiciales y reclamó una mesa de diálogo para conocer el estado de las gestiones y el futuro del cronograma de pagos.
Paritarias pendientes y pedidos de audiencia
Además del reclamo salarial, el sindicato exige la apertura de paritarias para abordar distintas acordadas y cuestiones laborales que, según indicó, permanecen pendientes y algunas ya se encuentran vencidas.
“Nosotros seguimos tratando de impulsar el diálogo, pero desde acá se ve que no tienen muchas ganas de dialogar”, manifestó Mascheroni.
La nota presentada este jueves solicita nuevamente una audiencia con el Tribunal Superior de Justicia y plantea la necesidad de discutir el cronograma de pago, la apertura de paritarias y los descuentos aplicados por las medidas de fuerza.
El dirigente también cuestionó que los representantes de los trabajadores debieran entregar la documentación en el ingreso del edificio, al considerar que se trata de una dependencia pública.
La postura del gremio sobre las jubilaciones
Durante la entrevista, Mascheroni también se refirió a la aplicación del Decreto 608 y a los procesos de jubilación que involucran a trabajadores judiciales.
El dirigente sostuvo que el sindicato pretende conocer con mayor precisión la situación de la Caja de Previsión Social y cuestionó la decisión de avanzar con jubilaciones mediante disposiciones que, según afirmó, deberían ser discutidas con los distintos sectores involucrados.
“Tenemos una caja que está explotada, que tenemos que cuidar”, expresó, y reclamó conocer los números reales de la situación previsional.
El titular del gremio señaló además que el sector judicial suele quedar en el centro de las discusiones por los salarios y las jubilaciones, y sostuvo que la responsabilidad sobre la sustentabilidad de la Caja de Previsión debe ser analizada de manera integral.
Un conflicto que continúa
El sindicato anticipó que continuará reclamando una instancia formal de diálogo con el Tribunal Superior de Justicia. El objetivo inmediato es obtener precisiones sobre los aumentos pendientes, el cronograma de pagos, la apertura de paritarias y los descuentos aplicados por las jornadas de paro.
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