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El conflicto salarial que atraviesa al Poder Judicial de Santa Cruz sumó una nueva definición luego de que el Tribunal Superior de Justicia resolviera descontar de los salarios los días correspondientes a los paros realizados durante julio y agosto.
La decisión fue adoptada por una mayoría integrada por el presidente del TSJ, Gabriel Contreras, y los vocales Daniel Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega. En disidencia se pronunciaron Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.
En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, Basanta explicó los fundamentos de su postura y defendió el criterio que expresó en su voto. “Está expresado en la resolución que hicimos en disidencia los motivos por los que entendemos que no correspondía hacer los descuentos en este caso. La resolución es pública, así que la pueden leer todos y creo que cualquiera puede entenderla”, afirmó.
La declaración se produjo durante la presencia de representantes de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” en el edificio del Tribunal Superior de Justicia. El sindicato había presentado una nota para reclamar la devolución de los descuentos y montó una carpa frente al acceso al edificio.

Consultado sobre su posición frente al conflicto con los empleados judiciales, Basanta recordó una definición que, según explicó, realizó al momento de asumir como vocal del Tribunal Superior de Justicia. “Yo dije algo cuando juré: yo jamás voy a sacar un voto en contra de los trabajadores de esta provincia ni en contra de ningún trabajador. Y para eso estoy y lo tengo clarísimo, y siempre respetando la Constitución”, sostuvo.
Basanta evitó, sin embargo, presentar su postura como una defensa gremial. La vinculó con su interpretación jurídica del caso y con el respeto de los acuerdos alcanzados en el ámbito de las paritarias.
El 4% que reclaman los judiciales
Basanta señaló que durante la anterior presidencia del Tribunal se habían realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y que la actual conducción a cargo de Gabriel Contreras también intervino para lograr el reconocimiento del porcentaje adeudado.
“Entiendo que el presidente actual del Tribunal, como lo dijo, también hizo sus gestiones y se consiguió que por lo menos por este mes se pueda hacer el reconocimiento de este 4% que se adeudaba”, explicó.
El vocal sostuvo que el pago no debería limitarse a un solo mes debido a los compromisos asumidos previamente. “Entiendo que se sostiene durante todos los meses porque hay que cumplir con lo acordado en las paritarias anteriores”, afirmó.
División de poderes: la explicación sobre los salarios
La discusión salarial también fue vinculada con una resolución del Ministerio de Economía que había dispuesto el congelamiento de los salarios a partir de diciembre de 2025.
Ante la consulta sobre si el Tribunal Superior de Justicia estaba acatando o no esa medida, Basanta rechazó que el planteo pudiera reducirse a esa disyuntiva. “No se trata de un acatamiento o no. Se trata de que hay una división de poderes en esta provincia”, señaló.
Y explicó el mecanismo mediante el cual se determina el presupuesto y se negocian las condiciones laborales dentro del Poder Judicial. “Poder Judicial envía un presupuesto, al mismo tiempo se aprueba en la Legislatura, después esto se negocia internamente como Poder Judicial con los empleados judiciales en el marco de paritarias y se firma un acuerdo que después sale por una acordada del Tribunal”, detalló.
El conflicto por el Decreto 608
La Opinión Austral también consultó a Basanta por el Decreto 608/24 y las jubilaciones que alcanzaron a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia: Paula Ludueña, Reneé Fernández y Alicia Mercau.
El vocal confirmó que el máximo tribunal todavía debe resolver la cuestión y que ya emitió su voto. “Estamos esperando que salga el fallo. Yo ya emití mi voto con respecto al decreto. El resto de los vocales entiendo que también lo están emitiendo y debería salir rápido”, sostuvo.
Para Basanta, el debate no se limita a la situación previsional de las vocales, sino que involucra las garantías constitucionales vinculadas con la independencia del Poder Judicial. “Nuestra Constitución es muy clara: los motivos para remover un vocal”, afirmó.
“Es una locura lo que está pasando en esta provincia”
El vocal fue contundente al referirse a la posibilidad de que una decisión administrativa pueda producir la jubilación de un integrante del Poder Judicial.
“Es una locura lo que está pasando en esta provincia, que por un decreto y por una resolución, una resolución de un organismo que es la Caja de Previsión, se jubile a un miembro del Poder Judicial, ya sea un vocal, ya sea un juez de primera instancia, ya sea cualquier otro funcionario judicial”, sostuvo.
Basanta planteó que el alcance institucional del caso trasciende a las tres vocales involucradas.
“Si la Caja de Previsión o el señor gobernador tiene el poder para con un decreto jubilar a un ministro de otro poder del Estado que goza de inamovilidad, imagínense qué le queda al resto de los ciudadanos en la provincia de Santa Cruz”, afirmó.
Y remarcó que su postura está expresada tanto en su voto como públicamente: “Esto lo puedo decir como vocal porque lo sostengo con mi voto y lo sostengo públicamente. No tengo problema”.
“No es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo”
Ante la consulta sobre si existe discrecionalidad para decidir quién se jubila y quién no, Basanta volvió a cuestionar esa posibilidad. “No es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién jubila, a quién no. No es una discrecionalidad”, afirmó.
Las tres vocales alcanzadas por la medida se excusaron de intervenir en el tratamiento de la cuestión dentro del Tribunal Superior de Justicia. “Nosotros estamos a derecho y somos hombres de derecho y somos personas de derecho. Obvio que están implicadas ya subjetivamente a raíz de la medida esta de la Caja, por lo tanto se han excusado”, explicó.
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