Viales advierten que la suspensión del cierre de Vialidad Nacional “no resuelve nada si el presupuesto sigue sin llegar”

Freno a la motosierra: luego de que la jueza Martina Forns suspendiera el decreto 461 con el que el presidente Javier Milei disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, la secretaria general del sindicato de Trabajadores Viales, Emiliana McNamara, habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos para analizar la situación.

La referente gremial –quien además es oriunda de Río Gallegos- manifestó su respaldo al fallo judicial que suspendió por seis meses el cierre de Vialidad Nacional, aunque consideró que la situación de fondo sigue sin resolverse. No obstante, enfatizó que “es una bocanada de aire” para más de 5.200 familias cuyo sostén laboral y económico estaba en riesgo.

“El presupuesto no está llegando, las partidas específicas como el impuesto al combustible no se ejecutan y eso pone en jaque el mantenimiento de las rutas”, planteó McNamara.

La dirigente explicó que la cautelar otorga margen para reorganizar estrategias y “presionar” al Congreso para que derogue el decreto. Además, subrayó la importancia de seguir en las calles y fortalecer la vía judicial: “Esto no es solo una lucha legal, es también una pelea por la soberanía del Estado”.

Respecto al contenido del decreto, criticó su ambigüedad y la falta de precisión sobre el futuro laboral de cientos de trabajadores: “Dividen el organismo en tres partes, sin especificar tareas ni partidas. No se habla del presupuesto, ni se define qué funciones se conservarán”.

Frente a los argumentos del gobierno nacional que justifican la disolución en supuestos hechos de corrupción, McNamara fue tajante: “Es un discurso que se repite en todos los organismos para bastardear al Estado. Nosotros también denunciamos irregularidades en su momento, pero eso no puede ser excusa para destruir lo que funciona”.

En ese marco, sostuvo que “hay un avasallamiento contra el Estado y el trabajador estatal. Desprecian en demasía. Y es lamentable que digan que no les importan las rutas nacionales, justo en temporada invernal, y un 70% está en mal estado y no dicen cómo las van a mantener”, advirtiendo que esto “se traduce en accidentes o víctimas fatales, que van a tener que usar la salud pública, y que también la están devastando”.

“Tiene que ver -añadió- con todo… con la discapacidad, la salud, temas que nos unen en la lucha y que están uniendo al pueblo, porque quieren ir contra el Estado, pero la realidad es que el Estado es lo que sostiene”, aseveró McNamara en declaraciones a LU12.

Asimismo apuntó contra el modelo de privatización de rutas y la intención de aplicar peajes en zonas de baja densidad poblacional: “La Patagonia queda completamente afuera del esquema de concesiones. Son 30.000 kilómetros que ninguna empresa va a querer tomar porque no son rentables”.

En el cierre de la entrevista con “La Decana de la Patagonia”,  vinculó la situación de Vialidad con la de otros organismos nacionales y consideró que el fallo judicial puede sentar un precedente: “Hay una avanzada general contra el Estado. La justicia tiene la oportunidad de marcar límites. Este fallo puede abrir la puerta para frenar otras disoluciones igual de inconstitucionales”.