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Este miércoles 17 de diciembre el gobernador Claudio Vidal anunció –a través de las redes sociales- que había llegado a un acuerdo con el ejército para las miles de familias que poseen una vivienda en la zona que durante muchos años se denominó “barrios nuevos”, lindante a la guarnición del Ejército de Río Gallegos.
Al respecto, manifestó que después de más de 30 años de indefinición, “tomamos una decisión que era necesaria. Cerramos un acuerdo con el Ejército representado por el Coronel Massi Filippa, para ordenar tierras en Río Gallegos y darle una respuesta concreta a miles de familias”, indicó el mandatario provincial.
La Opinión Austral reconstruyó cómo fue el largo derrotero de un tema que preocupó durante años a los propietarios de esas tierras, que hasta el día de la fecha no pueden acceder a los títulos de propiedad, en muchos casos ya habiendo saldado la deuda con el IDUV (Instituto Desarrollo Urbano y Vivienda).
Desde el origen
El primer convenio se firmó la principios del mes de enero del año 1995 y el 30 de noviembre del mismo año se afianzó con un convenio complementario entre el Estado Mayor General del Ejército y la provincia de Santa Cruz, para transferir -a cambio de una serie de contraprestaciones– cuatro fracciones a favor de la provincia, para destinarlas a la construcción de cerca de 1.000 viviendas en el marco del plan de urbanización de Río Gallegos.
Este año se cumplieron treinta años de ese convenio y las tierras del inmueble seguían perteneciendo al Ejército y no habían sido traspasadas a la provincia de Santa Cruz, con lo cual los vecinos que viven en el sector se encuentran impedidos de acceder a la titularidad plena de su terreno y vivienda. El tema generó que, inclusive, que se presentaran varios proyectos en la Cámara de Diputados reclamando por esta situación.
Una de las últimas iniciativas pertenecía al diputado (mandato cumplido) Martín Chávez, hoy concejal de Río Gallegos. Por entonces, año 2023, el legislador recordada que el Estado provincial había cumplido con las contraprestaciones a su cargo, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, y construyó diversos planes habitacionales junto con equipamiento y espacios verdes de recreación, concretando la implantación de 492 viviendas aproximadamente entre el año 1997 y el año 2002, en el marco de los programas FONAVI.
¿Cómo siguió la historia?
En el año 2004 la provincia suscribió un nuevo convenio con el Estado Mayor General del Ejército, con el objeto de continuar el proceso de urbanización de la capital provincial en el marco de los programas de construcción de viviendas “Plan Federal I” y “Plan Federal II”, en el sector antiguamente destinado a campo de instrucción de la Guarnición Río Gallegos.
Ese convenio culminó con la construcción de 823 viviendas y edificios de equipamiento para organizaciones de la sociedad civil incluidas en los planes habitacionales (Asociación Grupo de Padres Autistas -AGRUPA-; Capilla Beata Laura Vicuña; edificio Junta Vecinal B° Natividad, entre otros) y las obras de infraestructura, quedando en funcionamiento por parte del Estado Mayor General del Ejército dos remanentes pertenecientes a los cuarteles y al barrio Militar.
En el año 2004 la provincia había suscripto un nuevo convenio con el Estado Mayor General del Ejército.
Sin embargo, desde entonces quedaba pendiente la transferencia por parte del Ejército a la provincia de las fracciones de los inmuebles comprendidos en los convenios, requisito ineludible para la efectiva trasmisión de dominio a los y las adjudicatarias de dichos programas habitacionales. También se había solicitado por medio de esa iniciativa la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Cabe destacar que la solicitud del traspaso está, además, sustentada en la Ley 4.146, que dispone la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas de todos los inmuebles innecesarios para la Administración Pública Nacional donde el Estado tenga participación total o mayoritaria de capital.
Sin embargo, el tema tuvo varios idas y vueltas pero nunca logró materializarse hasta la fecha. “Estamos resolviendo un problema que llevaba 30 años sin respuestas y que la clase política no pudo o no quiso resolver. Y hay que decirlo con toda claridad, esta falta de decisiones frenó parte del desarrollo urbano de Río Gallegos”, indicó el gobernador Claudio Vidal.
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