Cómo impacta la “ley ómnibus” de Milei en Santa Cruz

El presidente de la Nación, Javier Milei, envió al Congreso lo que dio en llamar “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos“, conteniendo unainfinidad de derogaciones y reformas de leyes. La denominada “Ley ómnibus”, en sus más de 600 artículos, tira por tierra normativas largamente discutidas, al tiempo que -en sus primeros párrafos- pide al Parlamento que delegue la potestad de decidir materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, aclara que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de 2 años.

Específicamente sobre Santa Cruz, en el listado de la Ley Ómnibus de Milei, YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) está entre las empresas a privatizar. “Lisa y llanamente, nuestra empresa insignia dentro de las que pasarán a ser sociedades anónimas para luego poder privatizarlas”, expresó este jueves el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Además, también se propone la privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), de la cual la provincia tiene acciones. Otra de las medidas que repercute en la provincia es el cambio en la Ley de Glaciares, que podría posibilitar la explotación de las mineras en áreas periglaciares.

Otro dato a tener muy en cuenta es uno de los artículos donde el Poder Ejecutivo pretende cambiar la composiciónde la Cámara de Diputados de la Nación. Se pasaría del sistema actual –D’Hont-, que determina la cantidad de diputados de forma proporcional con la población, a un sistema de circunscripciones uninominales. Esto último implica la división del país en 254 circunscripciones y se elegirá un diputado por cada una. Esa modificación de la representación parlamentaria implicaría 3 diputados menos para la provincia de Santa Cruz.

Sanciones a protestas

En el texto del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes jubilatorios y se habilita a imponer sanciones a las protestas, entre otras medidas.

El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a la persona que sin “crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas; será reprimido con prisión de uno 1 a 3 años y 6 meses”. Para quien porte un “arma propia, impropia, causare daño a la integridad física de las personas”, la pena será de dos a cuatro años de prisión.

El artículo 331 define a una manifestación social como la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. El artículo también se refiere a la figura del “organizador” de la protesta como quien “convoque a otras personas a participar de la reunión”; “coordine a personas para llevar a cabo la reunión”; “provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión”, y “pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes”.

Asimismo, los organizadores serán “solidariamente responsables” por los daños que los manifestantes puedan llegar a ocasionar a terceros o “bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”. Plantea la modificación de la Ley de Tránsito, incorporándole un inciso en el apartado de las prohibiciones: “Impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes”.

Y se deberá dar el aviso a esa cartera “con una antelación de 48 horas. En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación, el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”, agrega.

En cuanto a las manifestaciones espontáneas, se dictamina que la notificación al Ministerio de Seguridad “deberá cursarse con la mayor antelación posible”. La cartera que conduce Patricia Bullrich podrá oponerse a la realización de la manifestación, “fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. El apartado también incluye que Seguridad pueda modificar el horario, la ubicación o la fecha de la misma.

Jubilaciones-privatizaciones

Sobre el tema jubilatorio, suspende el artículo 32 de laLey 24.241, que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a “establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones… teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Y agrega: “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.

Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujetas a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco Nación, Correo Argentino, YPF y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam, entre otros.

En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre. También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija lasretenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de gas y electricidad y cambia la Ley de Biocombustibles.

Plantea la derogación de un conjunto de leyes de promoción de turismo para construcción de hoteles de turismo internacional y para líneas de transporte, y modifica las leyes sobre incendios en tierras productivas. Además, propone cambiar la ley de los 1.000 días para proteger el cuidado integral de la salud de las madres. Y habilita a cobrar arancel a las universidades nacionales a los extranjeros que no tengan residencia permanente, entre otros puntos.