El interventor de la Fundación Santa Cruz Sustentable, Fernando Valderas, habló con El Oso Emir Silva por Radio San Jorge, desde el predio de Cañadón Seco, luego del corte de ruta que tuvo lugar al finalizar la semana pasada en el acceso norte, realizado por un grupo de trabajadores que reclamaba el pago del aguinaldo y el salario de julio.

Cancelados los importes requeridos, Valderas subrayó que el salario de julio era el único que se adeudaba y desmintió que se acumularan dos meses, como dejaron entrever los manifestantes.

“Se habló mucho sobre los fondos que se le transfieren a la fundación”, dijo el interventor y, seguidamente, dio cuenta de los ingresos mensuales. Así, explicó que la Provincia gira $ 5 millones mensuales, de los que $ 3 millones son destinados para el pago del salarios, mientas que de los $ 2 millones restantes, $ 1,7 millones se usan para pagar aportes y contribuciones como la ART, el seguro de vida, la seguridad social, las asignaciones familiares y el aporte para la jubilación.

Según estimó Valderas, los sueldos de los 223 trabajadores que hoy tiene la fundación varían entre $ 13 mil y $ 17 mil, a lo que sumó las asignaciones familiares que rondan los $ 3.400 por hijo. “Todos los meses se envía la rendición del aporte no reintegrable que sale en el Boletín Oficial de la provincia. Es imposible que el Gobierno Provincial envíe fondos si nosotros no rendimos los meses anteriores”, dijo.

La Fundación

El interventor de Santa Cruz Sustentable recordó que cuando asumieron, con el gobierno actual, en la ruta había 200 trabajadores reclamando por los salarios y que desde la intervención se comenzaron a corregir irregularidades. Entre ellas, personal que prestaba servicio a la fundación y también a empresas privadas. Inclusive cargos políticos que hoy trabajan en el Municipio local. “Resolvimos esas situaciones y no se despidió a nadie”, agregó.

Hoy, a partir de una reestructuración, la planta de Santa Cruz Sustentable es de 223 personas que prestan servicios en las áreas propias de la fundación o en entes provinciales como el Registro Civil, los centros integrales comunitarios, Servicios Públicos Sociedad del Estado y Canal 9.

“En 2016, mediante auditorías, encontramos sitios donde debían trabajar 15 personas y había 60. Ante esa situación, tuvimos que reestructurar varias de las áreas. Una de ellas fue la planta de adoquines del B° 17 de Octubre. Dejamos de pagar $ 60 mil de alquiler y trasladamos todo a Cañadón Seco, donde cambiamos la matriz de producción”, explicó Valderas.

Cañadón Seco

A continuación, el interventor de la fundación detalló que tiene un convenio con la Comisión de Fomento de Cañadón Seco y que en esa localidad están llevando adelante la ejecución de una obra que ganaron mediante el procedimiento de licitación pública por un monto de $ 2.700.000. “El dinero nos va a permitir previsibilidad por algunos meses. Semanas atrás recibimos $ 270.000 de adelanto”, dijo. Además, marcó que el parate en la obra repercutió en todas las localidades salvo en Las Heras, donde el Municipio decidió comprar los adoquines a un hipermercado ferretero de la zona, pagándolos dos o tres veces más caros.

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