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El juzgado Federal de Río Gallegos, con competencia Electoral, condenó este lunes a 2 años de prisión en suspenso a Diego Bavio, presidente del partido UNIR en la provincia de Santa Cruz, por haber usado firmas de avales falsificadas con el fin de poder presentarse en las elecciones de medio término de octubre 2025.
Bavio se postuló como candidato a diputado nacional a través de UNIR, luego de no llegar a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Sin embargo, el día que se sorteó el orden en que aparecerían los candidatos en la Boleta Única Papel, el juez federal Claudio Vázquez comunicó que había resuelto suspender la candidatura por una investigación que llevó adelante el fiscal Julio Zárate por falsificación de firmas en los avales. Tras idas y vueltas judiciales, la Cámara Electoral decidió que el candidato, que tenía como referencia nacional a Patricia Bullrich, no participe de los comicios como candidato.
En paralelo, la fiscalía avanzó con la investigación penal por la falsificación de firmas. Y este lunes, luego de pericias caligráficas y declaraciones testimoniales de personas que negaron haber dado el aval con su firma y la comprobación de la participación del ciudadano Ever Vargas que era tesorero del partido SER, Zárate cerró un acuerdo con el acusado para evitar el juicio oral. Bavio admitió su responsabilidad y aceptó una pena de 2 años de prisión en suspenso.
Según la investigación, no se comprobó la responsabilidad de los otros dos acusado, Denils Litvak y Virginia Bavio, secretaria general del partido UNIR Santa Cruz.
El caso se convirtió en el primero con condena penal en materia electoral bajo el nuevo sistema acusatorio en la Justicia Federal, lo que establece un antecedente en la persecución de delitos vinculados a la presentación de avales y documentación partidaria.
La reforma electoral que presentó el presidente Javier Milei ante el Senado incluye, además de la eliminación de las PASO, el requisito de que los candidatos deberán tener la “ficha limpia” y la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur; cambios en el sistema de financiamiento de partidos políticos y modificaciones en los requisitos legales para presentar las listas, entre los que se impulsaría el aval con datos biométricos.
Admisión de responsabilidad
Durante la audiencia pública, el fiscal federal interino Julio Zárate detalló las pruebas reunidas en la causa, entre ellas pericias caligráficas realizadas por Gendarmería Nacional y testimonios de ciudadanos que desconocieron las firmas atribuidas a su nombre en los avales partidarios.
El fiscal encuadró la conducta en el delito de uso de documento público adulterado, previsto en el artículo 296 del Código Penal. Zárate sostuvo que la investigación comprobó que Bavio utilizó documentación adulterada para cumplir con los requisitos electorales.
Ante la consulta del juez Claudio Vázquez, el imputado expresó su conformidad con el acuerdo. “Estoy de acuerdo con el acuerdo”, afirmó durante la audiencia, lo que permitió avanzar con el procedimiento abreviado.
Condiciones de la condena
El juez Vázquez resolvió condenar a Diego Bavio a 2 años de prisión en suspenso como autor penalmente responsable del delito de uso de documento público adulterado. Además, impuso reglas de conducta durante el plazo de la condena, El ex candidato debe fijar domicilio y teléfono y no modificarlos sin aviso a la Justicia. También debe mantener buena conducta durante dos años y no cometer nuevos delitos por un período de cuatro años.
En la misma resolución, el magistrado dictó el sobreseimiento de Denis Litvak y Virginia Bavio (secretaria general del partido UNIR), luego de que las pericias determinaran que las firmas cuestionadas no correspondían a su autoría.
Pruebas clave
La causa se inició tras la exclusión del partido UNIR del proceso electoral 2025, cuando la Justicia detectó irregularidades en los avales presentados para oficializar la candidatura.
La fiscalía incorporó como evidencia pericias caligráficas, documentación electoral y testimonios de personas que negaron haber firmado las actas partidarias. Algunos testigos incluso presentaron documentación médica para acreditar la imposibilidad de haber suscripto esos avales.
Zárate diferenció los roles dentro de la maniobra investigada y señaló que el uso del documento adulterado constituyó el eje de la imputación contra Bavio, más allá de la autoría material de las firmas.
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