Créditos del Banco Nación: polémica por préstamos a funcionarios y legisladores

En los últimos días, una fuerte controversia se instaló en redes sociales tras la difusión de información sobre la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $ 400 millones del Banco de la Nación Argentina a funcionarios del Gobierno de Javier Milei y a legisladores de La Libertad Avanza, aunque también aparecen representantes de otros espacios políticos.

Los datos surgen de registros públicos, en particular de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, que concentra información sobre el endeudamiento en el sistema financiero. Esa base fue procesada por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky.

Según publicó el medio digital Chequeado, el cruce de datos permitió identificar a funcionarios y legisladores con créditos, principalmente hipotecarios, otorgados por el Banco Nación. En total, al menos nueve dirigentes vinculados al oficialismo habrían accedido a préstamos que superan los $ 2.500 millones.

Entre los casos mencionados figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $ 373 millones, y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un crédito de más de $ 367 millones.
También aparecen Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $ 230 millones y los $ 279 millones.

Pedido de informes

Ante este escenario, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle las condiciones en las que se otorgaron los créditos. Entre otros puntos, solicitó aclaraciones sobre posibles excesos en los límites para personas políticamente expuestas, dictámenes técnicos desfavorables o eventuales resoluciones excepcionales.

“La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $ 400 millones genera más dudas que certezas”, expresó el legislador, quien remarcó que el banco público “no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”.

Los dirigentes involucrados rechazaron haber recibido beneficios indebidos. Campero sostuvo que se trató de líneas hipotecarias en UVAs abiertas a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, mientras que Bongiovanni aseguró que tomó el crédito en condiciones generales, sin ventajas ni tratamientos preferenciales.

El caso también tuvo derivaciones dentro del Ejecutivo. El pasado 3 de abril, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras quedar involucrado en la polémica. El exfuncionario sostuvo que accedió a un crédito para su vivienda cumpliendo todos los requisitos.

Banco Nación

Por su parte, el Banco Nación difundió un mensaje institucional en el que defendió su operatoria. Señaló que nueve de cada diez créditos hipotecarios en Argentina son otorgados por la entidad y que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”, con circuitos digitalizados que permiten escriturar en unos 30 días. Además, destacó líneas específicas para el sector público, como “+Hogares sector público“, que financia hasta el 90% del valor del inmueble.

En ese contexto, la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unión por la Patria), salió a aclarar su situación tras aparecer en listados difundidos en redes sociales. “No todos somos lo mismo. El único crédito que tengo con el Banco Nación es para el financiamiento de mis tarjetas de crédito”, afirmó. Ianni precisó además que posee un crédito hipotecario en otra entidad, el Banco Credicoop, destinado a la compra reciente de un inmueble, y remarcó que tanto ese como otros datos patrimoniales están incluidos en su declaración jurada.

La polémica también alcanza a legisladoras patagónicas como Villaverde y Maira Frías. En el caso de Frías, el crédito fue aprobado en septiembre de 2025 por unos $ 203 millones, cuando aún se desempeñaba en la ANSES de Comodoro Rivadavia. En tanto, Villaverde accedió a un préstamo cercano a los $ 227 millones para una vivienda en Cipolletti, aunque trascendió que el trámite habría tenido un rechazo inicial antes de ser reactivado a nivel central.

El tema continúa generando repercusiones políticas y abre interrogantes sobre los mecanismos de acceso al crédito en la banca pública, en un contexto económico marcado por restricciones financieras y alta demanda habitacional.