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Los diputados nacionales por Santa Cruz de Unión por la Patria, Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho, presentaron un proyecto en el Congreso en el que solicitan información detallada al Gobierno Nacional sobre la reestructuración del Hospital SAMIC de El Calafate y la eliminación de áreas estratégicas para la salud pública.
La iniciativa surge tras los “graves acontecimientos” registrados en las últimas horas en el Hospital de Alta Complejidad, que generaron preocupación en la comunidad sanitaria y política. Los legisladores, quienes además forman parte de la comunidad del nosocomio, cuestionaron la decisión unilateral de las autoridades del hospital, alineadas con el Gobierno Nacional, de discontinuar la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica (UCTHP).
Según advirtieron, esta medida “atenta contra la salud pública, gratuita y de calidad” y perjudica de manera directa a la población santacruceña. En ese sentido, remarcaron que las áreas afectadas cumplían funciones clave: diagnóstico de enfermedades infecciosas, genéticas, oncológicas y poco frecuentes, investigación clínica, innovación tecnológica y formación de profesionales en medicina de precisión.
A la par, se sumó una grave denuncia por parte del personal del hospital: la presunta sustracción de computadoras con información confidencial de pacientes, lo que podría implicar riesgos en la trazabilidad de muestras, la protección de datos clínicos y la continuidad de los diagnósticos. “Estos hechos dejan al hospital en una situación de extrema incertidumbre”, señalaron, al tiempo que alertaron por el impacto directo en la capacidad de atención y el funcionamiento del servicio.
Al respecto, La Opinión Austral pudo comunicarse con el médico David Bruque, quien por estas horas presentó una denuncia por el faltante de las computadoras. “El viernes fui cesanteado y el lunes desarticularon la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica, el Servicio de Diagnóstico Molecular y la Unidad de Enfermedades Poco Frecuentes“, dijo.
“Aun así, hay que seguir adelante y trabajar para revertir esta situación. Estas decisiones no consideran a los pacientes de una unidad que recibe muestras de todo el país y que ha posicionado a la provincia y a El Calafate en el ámbito científico y sanitario. Hoy estamos siendo conducidos en el hospital por autoridades sin una visión estratégica del sistema de salud y de la importancia del desarrollo científico en Santa Cruz“.
Los puntos del pedido de informes
El proyecto presentado solicita al Ministerio de Salud de la Nación que brinde precisiones, en el marco de la Constitución Nacional, sobre una serie de aspectos vinculados a la situación institucional del hospital.
Entre los principales requerimientos, se destacan:
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Las razones administrativas, operativas y presupuestarias que motivaron la eliminación de la UCTHP, pese a que su existencia está contemplada en el estatuto del hospital como parte del desarrollo científico y tecnológico.
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Los motivos del cierre o desarticulación del Servicio de Diagnóstico Molecular, clave para estudios genéticos, oncológicos y de enfermedades poco frecuentes.
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El impacto sanitario de estas decisiones y las medidas previstas para garantizar la continuidad de los servicios y la atención a pacientes.
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El destino de las muestras biológicas y estudios en curso, tanto de pacientes locales como de otras jurisdicciones.
Asimismo, los legisladores solicitaron información sobre posibles medidas de ajuste en el hospital: despidos, cesantías, jubilaciones anticipadas o no renovación de contratos durante 2025 y 2026, incluyendo cantidad de trabajadores afectados y fundamentos de esas decisiones.
Otro de los ejes centrales del pedido apunta a esclarecer la sustracción o traslado de equipamiento informático con datos sensibles, requiriendo detalles sobre qué equipos fueron retirados, quién autorizó la medida y qué protocolos de resguardo se aplicaron.
En esa línea, también reclamaron saber si se iniciaron investigaciones administrativas o auditorías internas y qué acciones se implementarán para garantizar la integridad, confidencialidad y continuidad de los datos clínicos.
Finalmente, el proyecto pone el foco en la protección de la investigación científica: exige explicaciones sobre las medidas adoptadas para resguardar los proyectos de investigación traslacional, que incluyen manejo de datos genéticos, registros clínicos, muestras biológicas y protocolos aprobados por comités de ética.
“Se trata de información altamente sensible que requiere garantías estrictas de confidencialidad y seguridad”, remarcaron.
El planteo de los diputados se inscribe en un escenario de creciente tensión en el sistema sanitario y busca obtener respuestas urgentes ante decisiones que podrían afectar tanto la atención médica como el desarrollo científico en la región patagónica.
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