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La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) adherirá a la medida de fuerza nacional convocada por el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica.
El paro nacional se extenderá del 18 al 22 de agosto y resentirá las actividades académicas en las distintas unidades académicas que la casa de altos estudios tiene en Santa Cruz.
La medida fue resuelta con el aval de los gremios de base de todo el país.
Los docentes reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la cancelación de deudas pendientes y una recomposición que compense la pérdida del poder adquisitivo.
Según sostienen desde la federación, el atraso en los haberes del sector alcanza un 28,5 % acumulado al mes de junio.
Aunque desde la organización gremial destacaron la confirmación de una medida cautelar vinculada al conflicto, advirtieron que el incumplimiento normativo por parte del Gobierno nacional persiste.
En el plano local, la medida impactará de forma directa en las unidades académicas de Río Gallegos, San Julián, Caleta Olivia y Río Turbio.
De forma paralela, el gremio buscará articular acciones con el claustro estudiantil y el personal no docente para impulsar una nueva Marcha Federal Universitaria.
Antecedentes
El conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario atraviesa una disputa profunda entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y la comunidad académica.
Esta norma busca blindar el presupuesto de las universidades nacionales mediante la actualización automática de los gastos de funcionamiento según la inflación acumulada.
Además, establece la obligación legal de recomponer las escalas salariales de docentes y no docentes, vinculando los incrementos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El Gobierno sostiene que la aplicación plena de la ley compromete el equilibrio fiscal, al no especificar las fuentes de financiamiento correspondientes dentro del presupuesto.
Esta postura derivó en vetos presupuestarios e incumplimientos normativos, desencadenando la judicialización del reclamo por parte de los gremios mediante medidas cautelares.
La pérdida del poder adquisitivo acumulada mantiene paralizadas las paritarias del sector, intensificando la frecuencia e intensidad de las medidas de fuerza en todo el país.
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