El Gobierno de Claudio Vidal cuestionó el “aumento de sueldos automáticos” en el Poder Judicial de Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz cuestionó el incremento salarial que el Tribunal Superior de Justicia otorgó para vocales, jueces, magistrados y funcionarios para el 2026 a través de una resolución firmada por cuatro de sus máximas autoridades. Para el Ejecutivo, que conduce el gobernador Claudio Vidal, los aumentos oscilan entre un 46 y un 50% para los funcionarios públicos que ya reciben los haberes más altos del Estado provincial.

La decisión quedó formalizada mediante una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025, que se conoció este lunes,  por los vocales Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. El texto establece aumentos del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026, y del 3% mensual entre agosto y octubre. Para la ministra de Gobierno María Belén Elmiger, esta pauta “supera las proyecciones inflacionarias previstas para el período”.

El anexo que acompaña la resolución indica que los vocales recibirán, el primer mes de 2026, un básico de 1.574.940 pesos y al finalizar el escalonamiento en octubre de este año percibirán 2.177.588 pesos, lo que representa un 38,2% de incremento sin contar el impacto real en el bolsillo según otros ítems.

Según el Ejecutivo que liquida los sueldos desde la cartera económica, de acuerdo con los montos oficiales, los salarios de los vocales del Tribunal Superior de Justicia pasarían, según el caso, “de cifras cercanas a los 13 y 16 millones de pesos en diciembre de 2025, a valores que oscilan entre 19 y casi 24 millones de pesos en octubre de 2026, con incrementos acumulados de hasta 7 millones de pesos por magistrado”.

En el Gobierno santacruceño, además señalaron que una parte significativa de los integrantes del máximo tribunal ya reúne los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, lo que vuelve a poner en debate el impacto fiscal de este tipo de decisiones en el mediano plazo.

“Crisis selectiva”

La resolución adquiere especial relevancia al contrastarse con una decisión adoptada por el propio TSJ apenas trece días antes. El 17 de diciembre de 2025, los mismos magistrados rechazaron la incorporación de nuevos jueces al cuerpo, argumentando “serias complicaciones financieras” en la provincia y la necesidad de preservar la disponibilidad de recursos.

Desde el Poder Ejecutivo provincial señalaron que esta diferencia de criterios resulta, cuanto menos, llamativa. “Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de recursos. Pero cuando se trata de fijar aumentos automáticos para la cúpula judicial, esas restricciones parecen no existir”, advirtió la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

La funcionaria remarcó que la discusión no pasa por desconocer la importancia de la independencia judicial, sino por analizar la razonabilidad de las decisiones en el contexto actual. “La provincia atraviesa un proceso de ordenamiento y administración responsable de los recursos. Ese esfuerzo involucra a todos los poderes del Estado y debería ser compartido”, sostuvo Elmiger.

En ese sentido, señaló que el principio de intangibilidad salarial no puede ser interpretado de manera aislada de la realidad económica y social. “La dignidad de la función judicial no se pone en riesgo por debatir estos temas. Por el contrario, se fortalece cuando las decisiones institucionales están en sintonía con el esfuerzo que realiza la ciudadanía en su conjunto”, afirmó.