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El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, usó sus redes sociales para cuestionar una vez más al Gobierno Nacional. En esta oportunidad, la apuntada fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien propone modificar las facultades de la Policía Federal Argentina, convirtiéndolo en un “FBI argentino”, centrado en el crimen organizado, además de realizar “patrullajes digitales” en redes sociales y facultarse poder realizar detenciones sin orden judicial.
“Basta de abandonar a nuestros viejos, esto ya lo vivimos en los 90, se trata de un modelo de transferencia de recursos desde los más vulnerables a los más ricos, defendamos nuestro presente para un futuro más justo. Defendamos a nuestros jubilados”, fue su mensaje.
Finalmente, el aumento y bono a jubilados fue aprobado en el Congreso, donde los diputados de Santa Cruz Ana María Ianni y Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) votaron a favor de las iniciativas, mientras que hubo abstenciones de los legisladores José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Roxana Reyes (UCR).
El proyecto de Bullrich
La ministra Patricia Bullrich apunta a reformular la PFA bajo el modelo “FBI” para convertirla en un cuerpo de investigación centrado en el combate del crimen organizado. La funcionaria propuso un modelo de policía “líder en la investigación proactiva de delitos federales o complejos” e introduce cambios en la Ley Orgánica de la fuerza y redefine su función central: “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, y colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
Dos de los puntos más polémicos y que generan controversia por considerarse “excesivos”, pasan por la atribución de mayores facultades. La primera, la de realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abierta”, sin necesidad de contar con una orden judicial. Las operaciones serán realizadas siempre que se respeten “la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad de las personas”.
La segunda, poder realizar detenciones sin orden judicial cuando existan “circunstancias debidamente fundadas” que permitan presumir que una persona haya cometido o esté por cometer un delito, y que además no pueda acreditar su identidad. En estos casos, la PFA podrá trasladar al individuo a una dependencia policial, “con noticia al juez con competencia en turno”, donde quedará demorado por el “tiempo mínimo necesario”.
El texto del proyecto, dado a conocer por Ámbito, también contempla una ampliación en las tareas de inteligencia de la fuerza. En este sentido, se autoriza a la Federal a “efectuar tareas de inteligencia criminal, mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la Seguridad Interior”. Asimismo, se incorpora la posibilidad de “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, aunque el borrador no especifica en detalle cuáles serían los criterios o el alcance de esa calificación.
En su conjunto, la iniciativa otorga un mayor grado de control y poder operativo tanto a la PFA como al Ministerio de Seguridad. En particular, el inciso 12 habilita a la fuerza a “realizar las acciones necesarias para la prevención del delito y de mantenimiento del orden público”, y deja abierta la posibilidad de que estas acciones sean ampliadas a requerimiento de la cartera ministerial.
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