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El viernes fue un día de muchas tensiones en la política santacruceña. La sesión extraordinaria pactada para el mediodía de ese 22 de diciembre fracasó ante la ausencia de la totalidad del bloque de Unión por la Patria (UxP), que ocupa la mitad de las bancas del cuerpo y por ello no se alcanzó el quórum necesario de 13 diputados para sesionar.

En el recinto, los diputados que sí se hicieron presente (11 de Por Santa Cruz y uno de Cambia Santa Cruz) mostraron su primer rechazo al accionar de UxP. Para la presidenta del bloque de “Por Santa Cruz”, Iris Rasgido, los diputados de UP “le han dado la espalda a todo el pueblo de Santa Cruz”. Mientras que el diputado de Cambia, Pedro Muñoz, señaló que “cuando se necesita la mayor responsabilidad institucional posible, esta ausencia del Frente de Todos demuestra la soberbia en esta decisión”.

Ya en conferencia de prensa de todo el bloque de Por Santa Cruz y el vicegobernador el rechazo fue más fuerte. “Una vez más vimos cómo la intolerancia se llevó adelante, a través del atropello y la falta de sensibilidad de parte de los diputados de la oposición”, dijo Fabián Leguizamón. Y planteó que los diputados de UxP han “inmiscuido intereses personales y mezquinos” en su decisión.

Qué iban a tratar en la sesión extraordinaria

La tapa de LOA del 23/12.

En el temario de convocatoria se incluyó como primer punto la derogación de la Ley de Lemas. Además del Presupuesto 2024, que cuenta con despacho de comisión. En su proyecto original fija gastos por $ 1.347.065 millones y plantea un endeudamiento de $ 60 mil millones para afrontar el déficit anual, el pago de la deuda e inversiones. Asimismo, prevé un déficit de $ 25.000 millones.

Además se agregó el pedido de ratificación al Decreto 107/23, que determina la realización de auditoría administrativa, financiera y de personal en todo el Estado provincial.

El tercer tema era la modificación de la Orgánica de Ministerios. En la misma se crea un nuevo ministerio, que será el de Energía y Minería, lugar que será ocupado por Jaime Álvarez. Y se unifica Desarrollo Social con el Ministerio de Igualdad.

Declaración de Emergencia Económica en Santa Cruz

Claudio Vidal había anticipado la posibilidad de declarar la Emergencia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según lo que pudo saber La Opinión Zona Norte, habrá un nuevo decreto de Claudio Vidal convocando a sesión extraordinaria para el jueves 28 o viernes 29. Pero el temario será más amplio. Además de los temas que se esperaban aprobar el viernes que pasó, se sumará la “Ley de Emergencia”.

Esta ley buscaría declarar el estado de emergencia económica y financiera en el ámbito del Estado por el plazo de un año, que podría ser prorrogado por otro año más. Abarcaría, también, acciones en la prestación de servicios públicos y ejecución de contratos a cargo de Estado comprendidos en la Ley de Administración Financiera, incluyendo la posibilidad, de ser necesario, de modificar el formato jurídico de los entes, empresas y sociedades con participación del Estado.

La emergencia a declarar también suspendería por un año todo tipo de subsidios y subvenciones. Lo propio podría pasar con la pauta publicitaria, emulando la decisión del orden nacional.

En conferencia de prensa, Leguizamón había admitido la insistencia. FOTO: JOSÉ SILVA/HCD.

Según la información que pudo recabar La Opinión Zona Norte, habría un capítulo para el tema personal. Lo primero que se establecería sería la prohibición de que los sueldos en todo el ámbito público superen cierto porcentaje de la remuneración total del gobernador. Habría un congelamiento virtual de ingresos al Estado. Se dejarían sin efecto las recategorizaciones otorgadas en los últimos seis meses y se podría reubicar la planta de personal de acuerdo a las necesidades del Estado.

La norma contemplaría, además, la actualidad de la relación económica financiera entre los municipios y la provincia, habilitando la posibilidad de establecer convenios para sanear las deudas que tienen los primeros, además de convalidar lo ya anticipado por Claudio Vidal respecto al desprendimiento de bienes del Estado, como ser parte de la flota automotor e inmuebles prescindibles.

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