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Ante la crisis que en las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia de Santa Cruz, el diputado nacional Juan Carlos Molina, del bloque Unión por la Patria, presentó y acompañó una serie de proyectos legislativos orientados a morigerar el impacto económico en el sector productivo y comercial.

Las iniciativas surgen a partir de los planteos realizados por la Federación de Comercio provincial y comerciantes de distintas localidades, quienes vienen advirtiendo sobre el deterioro sostenido de la actividad.

Uno de los ejes centrales es el proyecto de ley denominado “Compensación por pago de zona desfavorable“, que propone la creación de un Régimen de Compensación Impositiva destinado a empresas privadas de los sectores de industria, producción, comercio, construcción y servicios de las provincias patagónicas.

El legislador afirmó que en Santa Cruz, el consumo de alimentos cayó un 16,8% durante 2025 y un 9,9% en el primer mes de 2026.

La medida apunta a permitir que las empresas puedan incorporar en los salarios de los trabajadores registrados una suma fija, con el objetivo de aliviar los mayores costos estructurales que enfrentan en la región. Estos costos están vinculados a factores geográficos, climáticos, logísticos y demográficos que condicionan la actividad económica.

En ese sentido, Molina expresó: “Es una de las demandas que vienen haciendo los diferentes comerciantes o productores de todas las localidades y es algo que conocemos los patagónicos”.

Emergencia comercial

Por otra parte, el legislador también impulsó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), adhiera a la emergencia declarada por la Ley Provincial Nº 3966 de Santa Cruz. Esta normativa contempla, entre otras medidas, la suspensión de ejecuciones fiscales y la creación de un programa especial de regularización de deudas.

Asimismo, se solicita que el Ejecutivo informe al Congreso sobre las acciones concretas que se estén llevando adelante frente a la crisis.

Según expresó el diputado, los datos económicos reflejan con claridad la gravedad de la situación. En Santa Cruz, el consumo de alimentos cayó un 16,8% durante 2025 y un 9,9% en el primer mes de 2026. La retracción también se extiende a rubros clave como servicios -incluido el turismo-, calzado, indumentaria, alimentos y bebidas, además de farmacias y perfumerías.

Panorama en el centro de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Un comerciante, en diálogo con el diputado, describió el impacto cotidiano de la crisis: “Detrás de esos números están nuestras familias. Algunos tenemos que cerrar o dejar de tener empleados. Nos estamos endeudando todos cada vez más“.

En paralelo, Molina acompañó otros proyectos impulsados por legisladores de su bloque, como la iniciativa presentada por la diputada Roxana Monzón para declarar la emergencia de todas las pequeñas y medianas empresas del país durante un año.

Según se indicó, las propuestas fueron elaboradas a partir de aportes de trabajadores, empresarios, gremios y familias de la provincia, junto con la Federación Económica de Santa Cruz, con el objetivo de sostener el entramado productivo y laboral.

Finalmente, el diputado remarcó la centralidad del empleo en el contexto actual: “No podemos dejar de tener en vista que el trabajo es el gran articulador: posibilita el pan, la vivienda, la educación, el ocio para los trabajadores y trabajadoras y sus familias“.

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