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El abogado Javier Stoessel fue vocal por la minoría en el Tribunal de CuentasTambién apoderado de la UCR a nivel provincial. En redes sociales, escribió una columna sobre el fallo de la Corte respecto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.

La Corte, esta vez, resolvió rápido y resolvió bien.

Podrá gustarnos más o menos un Tribunal Superior de Justicia de nueve miembros. Podrá discutirse su conveniencia, su costo, su oportunidad política o la forma en que se llevó adelante la reforma. Pero la ampliación del número de vocales, por sí sola, no aparece como inconstitucional.

El problema no termina ahí. En realidad, empieza ahora.

Santa Cruz no necesitaba simplemente reemplazar una justicia identificada con el kirchnerismo por otra cercana al oficialismo de turno. Santa Cruz necesitaba -y sigue necesitando- un Poder Judicial independiente, técnicamente sólido, institucionalmente respetado y capaz de controlar al poder político cuando corresponda.

Javier Stoessel, abogado e integrante de la UCR.

Los nuevos vocales no atravesaron un proceso de selección con el nivel de transparencia, deliberación pública y exigencia institucional que una integración del Tribunal Superior merecía. Y nuevamente se conforma una mayoría judicial con personas cercanas al sector político gobernante. Por eso, el verdadero examen no será la foto de asunción. Será el contenido de sus sentencias.

¿Qué dirán si se aprueba un nuevo endeudamiento público que deba ser examinado estrictamente a la luz del artículo 40 de la Constitución Provincial? ¿Qué dirán si se impulsa una reforma electoral que incorpore el balotaje, a priori contrario al artículo 114 de la Constitución Provincial? ¿Qué dirán frente a los descuentos salariales a docentes por ejercer el derecho de huelga? ¿Qué dirán sobre la integración del Tribunal de Cuentas con una exministra de Economía, frente a los principios de imparcialidad y prevención de conflictos de intereses previstos en nuestro orden constitucional y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción? ¿Qué dirán sobre la constitucionalidad del sistema 90/10? ¿Qué dirán frente a los amparos contra la Caja de Servicios Sociales por la falta o negativa de prestaciones de salud? ¿Qué dirán sobre las contrataciones públicas cuestionadas, los eventuales conflictos de intereses y la responsabilidad de los funcionarios intervinientes?

Estos son apenas algunos de los temas que pondrán a prueba al nuevo Tribunal. Ojalá los nuevos vocales demuestren, con sentencias fundadas, que por encima de cualquier pertenencia política de origen están la Constitución, la independencia judicial, la división de poderes y el Estado de Derecho.

Porque el problema de Santa Cruz nunca fue quién ocupaba los cargos. El problema siempre fue si las instituciones están dispuestas a ponerle límites al poder.

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