Juicio Hotesur-Los Sauces: cómo funcionaba el circuito de dinero entre las empresas de Báez e Indalo y los Kirchner, según la Fiscalía

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces inició el 23 de octubre en el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5. Durante las primeras audiencias comenzó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces, en el que el fiscal Diego Velasco expuso la hipótesis de la acusación sobre el recorrido del dinero entre los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa y la familia de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

La Fiscalía sostiene que los exmandatarios, con la colaboración de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, habrían desarrollado una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado” para “enriquecer ilegítimamente” a empresarios cercanos y a su propio grupo familiar.

Cómo funcionaba el circuito de dinero entre los empresarios y Los Sauces

De acuerdo con la acusación, el mecanismo habría comenzado con el otorgamiento de contratos estatales a empresas vinculadas con Báez y el Grupo Indalo. Una vez que esos grupos incrementaban su patrimonio, una parte de los fondos regresaba a la familia Kirchner mediante pagos por alquileres de propiedades, hoteles y otros inmuebles pertenecientes a Los Sauces.

La imputación señala que Néstor y Cristina Kirchner habrían contribuido a que Báez, considerado su socio personal, se convirtiera en titular de un conglomerado de más de 30 sociedades. En paralelo, López y De Sousa llegaron a encabezar un holding empresarial integrado por más de 150 firmas.

Según los fiscales, a partir del crecimiento de esos grupos económicos se puso en funcionamiento “un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que una parte de aquellas pudiera llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita”.

En ese sentido, la acusación describe la utilización de una estructura inmobiliaria y hotelera como vía para canalizar los fondos. “Para ello, montaron un circuito económico basado en la actividad inmobiliaria y hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas, a favor de la empresa Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo, que se encargaría en lo sucesivo de recibir el dinero proveniente de los ‘empresarios amigos’”, remarcaron los fiscales.

Con los recursos recibidos, Los Sauces habría adquirido propiedades, hoteles y terrenos que posteriormente alquilaba a las mismas empresas que aportaban el dinero. De esta manera, los pagos mensuales ingresaban bajo el concepto de cánones locativos.

“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, apuntaron desde la Fiscalía.

Las pruebas incorporadas al requerimiento indican que el 88% de la facturación de Los Sauces provenía de los empresarios investigados. El 65% correspondía a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, compañías del Grupo Indalo, mientras que el 23% restante tenía origen en el Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a ambos grupos un total de $25.968.042,30 por el alquiler de propiedades y hoteles. Para la acusación, esos contratos presentaban irregularidades, ya que algunos inmuebles habrían sido innecesarios para las empresas o alquilados por encima de los valores de mercado.

En el mismo período, el patrimonio neto de la inmobiliaria pasó de $100.000 a $12.122.430,26, lo que representó un incremento superior al 12.000%.

El origen de los fondos y las irregularidades en las propiedades

La Fiscalía identificó dos posibles fuentes para el dinero que ingresaba a Los Sauces. En el caso de las empresas de Lázaro Báez, sostuvo que los fondos estarían vinculados con “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”, investigada en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión domiciliaria.

Respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la acusación atribuyó el origen de los recursos al “ofrecimiento y admisión de dádivas por distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos” obtenidos por sus empresas.

Además del recorrido del dinero, el requerimiento fiscal detalló presuntas irregularidades en la adquisición y administración de propiedades, hoteles y terrenos vinculados con la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Uno de los casos señalados corresponde a un terreno ubicado en El Calafate, que habría sido adquirido por $7,50 el metro cuadrado, un valor considerablemente inferior al del mercado. Según la investigación, el pago se realizó más de un año después de la operación y el inmueble nunca fue escriturado ni registrado.

También se mencionan departamentos del complejo Madero Center, en Puerto Madero, que habían sido comprados con dinero personal de Néstor Kirchner y posteriormente incorporados al patrimonio de Los Sauces.

Otro de los hechos bajo análisis es la venta de un terreno por parte de Austral Construcciones. Para los fiscales, se habría tratado de una compraventa simulada que, en realidad, buscaba encubrir una donación de Lázaro Báez a la familia Kirchner.

La acusación también incluye el departamento de San José 1111, donde actualmente reside Cristina Kirchner. La propiedad fue adquirida en 2015 por USD 370.000 y, según consta en el requerimiento, se abonó mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES), en lugar de dinero en efectivo.

La lectura de la acusación correspondiente a Los Sauces continuará este lunes 2 de noviembre. A partir del jueves siguiente, el TOF N°5 quedará habilitado para avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa Hotesur, en el marco del proceso que investiga las presuntas maniobras económicas entre la familia Kirchner y los empresarios beneficiados con contratos estatales.