La educación de Santa Cruz dejó de recibir casi $ 1.700 millones al mes

Promulgada el 9 de enero de 2006, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo tiene por objeto aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, con el fin de “garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y socio-cultural del país”. Y fija que tanto la Nación como las provincias deben consolidar un presupuesto, en su conjunto, destinado a la educación, la ciencia y la tecnología del 6% de participación en el Producto Interno Bruto (PIB).

Bajo los preceptos de “incluir en el nivel inicial al 100% de la población de 5 años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de 3 y 4 años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos”; garantizar “un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes. Asegurando la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales”, en paralelo fija que “el 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa”.

También apunta, entre otros ejes, a garantizar recursos para la inclusión y permanencia escolar de los niños y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza “y “la universalización del nivel medio, logrando que los jóvenes no escolarizados” regresen. De igual forma, fija el fortalecimiento de la educación técnica y la formación profesional, “impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo”.

Complementa la serie de objetivos fijados en la ley el de “mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera y el mejoramiento de la calidad en la formación docente”.

Fondos

La clave de la norma está en los fondos que obligaba la norma a girar a las provincias para lograr estos objetivos. Están fijados en los artículos 7 y 19 de la norma. Pero como la ley marcaba un plazo de cinco años, su prórroga se concretó mediante decretos o leyes. La última venció el 31 de diciembre de 2023 y el Gobierno de Javier Milei no los prorrogó.

El artículo 7 de la Ley Nº 26.075 establece “una asignación específica de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo”.

Dicha asignación “será objeto de tal afectación, respecto del año 2005, de los recursos anuales coparticipables correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificatorias y complementarias” y equivaldrá “al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

Aunque esta norma era por 5 años, desde 2011 hasta 2023 fue prorrogada sucesivamente. La última vez fue por el artículo 13 de la Ley Nº 27.701, que establecía su vigencia hasta el 31 de diciembre pasado.

De igual forma, sucedió con el Fondo de Incentivo Docente, creado por la Ley Nº 25.053 en 1998 y prorrogado sucesivamente, incluso a través del artículo 19 la Ley Nº 26.075. La última vez se hizo vía decreto, en enero de 2022, con una prórroga de 2 años que caducó en enero de 2024.

Impacto en Santa Cruz

Sin contar la actualización que debería haberse dado en el seno del Consejo Federal de Educación para estos montos en 2024, lo que quedó sin efecto por la falta de prórroga de los mismos, por la Ley de Financiamiento Educativo el Gobierno de Santa Cruz recibió, correspondiente a diciembre, un total de $ 988 millones.

En tanto que por incentivo docente, Santa Cruz en 2023 recibió el equivalente al 1,45% del total de la partida nacional destinada a este fondo, totalizando $ 4.830 millones. En el último mes de diciembre, según señaló el propio gobernador Claudio Vidal, significó $ 680 millones.

De esta forma, ya sea para salarios o inversión, la educación de Santa Cruz dejó de percibir casi $ 1.700 millones mensuales desde enero por decisión de Nación.