Martín Chávez cuestionó la designación de Españón y reclamó que el Concejo “debe sesionar”

El concejal de Río Gallegos por Unión por la Patria, Martín Chávez, cuestionó la designación de Fernando Españón en un área del Gobierno provincial y, en paralelo, se refirió a la situación que atraviesa el Concejo Deliberante capitalino, en medio de los planteos por falta de fondos para garantizar su funcionamiento.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Chávez destacó el repudio aprobado en la última sesión ordinaria contra la designación del exintendente de 28 de Noviembre, quien enfrenta distintas denuncias y causas judiciales. Según explicó, la iniciativa contó con el acompañamiento de cuatro concejales, mientras que los representantes de SER no acompañaron la resolución.

El concejal cuestionó además la postura de los ediles oficialistas y habló de una “disciplina partidaria estricta” que, a su entender, termina condicionando el funcionamiento institucional. “Contamos con cuatro votos de las bancadas para repudiar la designación del exintendente de 28 de Noviembre, multidenunciado, procesado por abuso sexual, por abuso de autoridad”, señaló.

El concejal recordó además que los cuestionamientos contra Españón ya habían tenido consecuencias políticas en el pasado. “En el caso de abuso sexual se le endilgan varios hechos. Esto ya fue motivo de su remoción en el Poder Legislativo de la provincia”, afirmó.

En ese marco, cuestionó que posteriormente haya sido designado en la Dirección de Área de Frontera del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. “Tiempo después nos encontramos con la desagradable sorpresa de su designación en la Dirección de Área de Frontera del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz”, expresó Chávez. Y agregó: “Una cartera que está conducida por una mujer, en donde se firma una resolución designando una persona con estos antecedentes”.

La discusión por los fondos

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación del Concejo Deliberante de Río Gallegos, luego de que su presidenta, Daniela D’Amico, denunciara dificultades presupuestarias e incluso falta de recursos básicos para el funcionamiento cotidiano del cuerpo.

Chávez sostuvo que el problema no puede utilizarse como argumento para impedir las sesiones y recordó que el funcionamiento del órgano legislativo municipal está determinado por la normativa vigente y por las decisiones adoptadas por mayoría. “Es una obligación de los concejales sesionar. No es una prerrogativa, no es una facultad, no es opcional. Nosotros somos servidores públicos”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que las oficinas del Concejo continúan funcionando y que la falta de papel o insumos no debería impedir el desarrollo de las sesiones ordinarias. “La falta de papel no puede ser un argumento para que no haya sesiones”, remarcó.

El edil también cuestionó los gastos realizados por el cuerpo deliberativo y mencionó un gasto de 1,2 millones de pesos en chocolate, aunque aclaró que desconocía el destino concreto de esa compra. “Creo que la ciudadanía está pasándola realmente muy mal como para que nosotros estemos gastando, malgastando nuestro tiempo en esta chicana”, señaló.

Reclamo de mayor responsabilidad

Chávez planteó que la discusión debería concentrarse en encontrar soluciones para los problemas que afectan a los vecinos y reclamó mayor responsabilidad de la dirigencia política. “Es tiempo de seriedad y de madurez política. Debemos estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

En ese marco, insistió en la necesidad de que el Concejo Deliberante pueda funcionar con normalidad y que las diferencias políticas no terminen afectando el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

El concejal también vinculó la discusión con la situación económica que atraviesa Río Gallegos y remarcó que la dirigencia debería concentrarse en las dificultades que enfrentan diariamente los vecinos, comerciantes y trabajadores.

Para Chávez, el debate por los recursos del Concejo y la polémica por la designación de Españón forman parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.