A la espera de la decisión del juez de familia Antonio Andrade respecto a la cautelar interpuesta el año pasado ante los aumentos de energía, la diputada provincial por Encuentro Ciudadano consideró que durante este tiempo la empresa “ha hecho diferentes artilugios para aumentarnos la tarifa”, calificando la actitud de “descomunal e inaceptable”.
En abril del año pasado, el juez de familia Antonio Andrade hizo lugar a una medida cautelar presentada por la diputada de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán, a la que luego se sumaron 180 amparistas más. El recurso había sido interpuesto ante el aumento de tarifas que Servicios Públicos Sociedad del Estado había modificado en función de los incrementos de la transportista Cammesa.
En su fallo de 30 páginas, Andrade había considerado que la suba de SPSE se daba cuando “nos encontramos próximos a ingresar en la temporada invernal, donde el consumo de luz, necesariamente, sube en contraposición a las pocas horas de luz solar”, por lo que “mayor será el consumo en los próximos meses”.
Por esa razón, decidió “hacer lugar a la medida cautelar innovativa planteada ordenando la suspensión del cuadro tarifario vigente de luz, agua, energía pública y cloacas para los usuarios residenciales de la provincia de Santa Cruz y hasta tanto recaiga resolución definitiva en el presente proceso”.
En consecuencia, había ordenado a SPSE “facturar y/o refacturar en forma inmediata y en el próximo vencimiento, de acuerdo al cuadro tarifario vigente a diciembre de 2016, debiendo negociar con cada usuario que así lo solicite la refacturación y compensación pertinente, si fuera el caso”.
“Hasta que no esté firme esto, no puedo dar esa instrucción a mis sectores comerciales”, había asegurado el presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, al anunciar junto al fiscal de Estado, Fernando Tanarro, que la provincia apelaría ese fallo.
Sosteniendo el reclamo
A pocos días de cumplirse un año de la decisión de Andrade, la promotora de la cautelar, Gabriela Mestelán, augura por la llegada de una resolución firme a su pedido. “Lo muy grave es que SPSE sigue sin tener criterios de tarifa social”, enfatizó la diputada y afirmó que desde Encuentro Ciudadano “estamos a la espera de que el juez Andrade dictamine esta semana cuál va a ser el destino de la medida cautelar”.
“Desde el año pasado, hemos encontrado que SPSE durante dos meses aproximadamente cumplió lo que la medida cautelar establecía, pero después comenzó a hacer ligeros incrementos. Tal es así que la mayoría de los usuarios no lo fueron percibiendo”, contó la legisladora al dialogar con LU12 Radio Río Gallegos.
“Servicios Públicos ha hecho diferentes artilugios para aumentarnos la tarifa y la última es que la factura está atravesada por una leyenda que dice: factura alcanzada por Resolución 1.091/2017 de la Secretaría de Energía de la Nación, como si eso justificara los aumentos que han llegado”, sostuvo y opinó que “amén del tarifazo brutal que hubo en 2016, SPSE nunca comunicó ni informó a los usuarios los motivos ni los criterios con los que se realizaron los incrementos”.
“Creemos que había que hacer una readecuación de la tarifaria porque estaba congelada desde 2012, pero lo que han hecho es descomunal e inaceptable. Ni tan siquiera han respetado el tope que ha dispuesto (la transportista) Cammesa”, por eso se mostró “absolutamente en contra de la manera en que aumenta SPSE, que es como se le antoja, sin explicitar criterios”.
“Problemas colaterales”
Además, Mestelán dijo que “estamos en un contexto que, lejos de mejorar, ha empeorado: tenemos desde hace dos años los salarios de toda la administración pública congelados, se cobra a destiempo y a eso se le suma que SPSE tiene los servicios cada vez más deteriorados”.
“No es sólo un problema de que si yo pago tengo que recibir el servicio, hay problemas colaterales que son muy graves, como el comienzo del invierno con el cambio de luz solar”, agregó.
Asimismo, argumentó su medida ante la Justicia al señalar que “no se trató de una cuestión caprichosa o por querer desfinanciar la empresa (como dijo Tamburo). La empresa está desfinanciada porque nunca los dineros que recibió fueron destinados a dónde debían ir. Desde 1987 a 2016, SPSE recibió el impuesto que todo el resto de los ciudadanos pagó para que tengamos el Interconectado, que es el famoso 6/1000. El destino de ese impuesto era para que entráramos en el Interconectado. Y no sólo no toda la provincia está interconectada, sino que tenemos serias deficiencias”, opinó.
“Visto está que a los que menos cuida la empresa es a los usuarios, porque las prestaciones son cada vez peores y las tarifas, cada vez más caras”, dijo la diputada para finalizar.
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