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El caso de Verónica Alejandra Acosta, la mujer de Villa Mercedes que recibió por error una transferencia millonaria del Gobierno de San Luis, sumó este miércoles un nuevo capítulo. En medio de un proceso judicial que podría enviarla a prisión junto a cinco familiares, rompió el silencio: “No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Estado. Fue un error que ahora nos quieren hacer pagar como si fuéramos delincuentes”.
Acosta esperaba una cuota alimentaria de apenas $8.000, pero por un error administrativo cometido por un contador gubernamental, su cuenta recibió más de $500 millones. Según su relato, creyó haber recibido $500.000 y usó parte del dinero para cubrir necesidades urgentes: compró alimentos, electrodomésticos, materiales para su casa y un auto usado, además de realizar 66 transferencias a familiares. El resto del dinero fue congelado por el banco a las pocas horas.
Imputación y fianza millonaria
La Justicia provincial imputó a Acosta y a cinco de sus familiares por delitos como defraudación al Estado, retención indebida y fraude a la administración pública. Para evitar la prisión preventiva, la jueza de Garantía exigió una fianza de $30 millones por persona, cifra que la defensa calificó como “exorbitante e imposible de cumplir”. El plazo para abonar esa suma es de tres días hábiles.
El abogado defensor, Hernán Echevarría, sostiene que no existió ninguna maniobra fraudulenta. “Estamos hablando de una familia humilde, sin antecedentes, que jamás actuó con mala fe. No hay una red de estafadores. Es el Estado el que cometió el error, y ahora busca chivos expiatorios”, afirmó.
El rol del Estado y la trazabilidad del dinero
El dinero fue transferido desde una cuenta oficial por un error de carga del contador del Gobierno, quien posteriormente presentó la denuncia. A pesar de eso, no fue imputado ni enfrenta consecuencias judiciales.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo del abogado Flavio Ávila, aseguran que hubo intentos de comunicación con la beneficiaria para advertir sobre la equivocación, sin obtener respuesta. “La buena fe se demuestra con hechos”, apuntó el funcionario.
El Gobierno informó que ya recuperó más del 90% de los fondos, gracias al bloqueo de la cuenta, devoluciones voluntarias y el rastreo de movimientos digitales en billeteras virtuales. Todos los gastos quedaron registrados digitalmente, lo que permitió rastrear cada operación.
“La necesidad me llevó a gastar parte del dinero”
Verónica Acosta explicó que al ver el dinero creyó que se trataba de una indemnización o seguro pendiente, algo que reforzaba su convicción de que el depósito era legítimo. “Compré una heladera, una freidora, televisores, cerámicos para mi casa que no tiene piso y una mochila para el inodoro. Nada de lujos, todo para cubrir necesidades”, sostuvo.
También negó rotundamente rumores virales que indicaban que había comprado bicicletas caras o sushi. “Eso no es cierto. Solo ayudé a mi familia. Pensé que era plata mía”.
Una causa con fuerte impacto social
Este caso reabrió el debate sobre la responsabilidad civil y penal en transferencias erróneas, especialmente cuando los involucrados son personas vulnerables sin formación financiera. La defensa advirtió que tratar este error administrativo como un delito penal es desproporcionado y podría sentar un precedente peligroso.
Acosta, quien fue detenida y liberada tras declarar, asegura que vive con angustia junto a su familia, mientras esperan la resolución judicial: “Nos están juzgando como si hubiéramos cometido un crimen. Pero el error no fue nuestro, fue del Estado”.
¿Qué dice la ley?
El Código Penal argentino establece penas para quienes se apropien de dinero ajeno, incluso cuando la posesión fue resultado de un error. Sin embargo, el caso podría encuadrarse como un delito menor o directamente resolverse por la vía civil, si se demuestra que no hubo dolo ni intención de estafar.
La situación legal de Verónica Acosta y su familia sigue en suspenso, a la espera de que la Justicia resuelva las apelaciones presentadas por la defensa. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión nacional y pone en evidencia las falencias del sistema administrativo y judicial en situaciones de este tipo.
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