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La discusión por el proyecto turístico proyectado en la Península de Magallanes sumó este lunes un nuevo capítulo institucional. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, presentó ante la Cámara de Diputados la documentación vinculada con las actuaciones administrativas, ambientales y técnicas que derivaron en la autorización excepcional otorgada por el Gobierno de Santa Cruz para la operación inmobiliaria vinculada al denominado “Master Plan Ecocentro”.
La presentación se produjo luego de que la Legislatura aprobara por unanimidad un pedido de informes para conocer el expediente completo, los dictámenes y los antecedentes que desembocaron en el Decreto 915/26, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre.
El Gobierno provincial buscó durante los últimos días reconstruir la cronología del trámite y diferenciar varios aspectos que quedaron concentrados en la discusión pública: la propiedad de las tierras, el régimen del área protegida, el Plan de Gestión, los antecedentes judiciales, el inicio del expediente turístico, la evaluación ambiental y, finalmente, la excepción dispuesta por la actual administración.
La explicación del Gobierno
Uno de los principales argumentos oficiales es que la Provincia no está vendiendo tierras fiscales. Según la información difundida por el Ejecutivo -dada a conocer por La Opinión Austral-, los inmuebles involucrados son de propiedad privada desde hace más de seis décadas, con títulos transferidos durante la década de 1960. La Provincia sostiene que esa condición dominial no elimina, sin embargo, las obligaciones ambientales que surgen de encontrarse dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.
La cronología oficial también pone el foco en el Plan de Gestión del área. El Gobierno recordó que el Decreto 303/22, firmado durante la gestión de Alicia Kirchner, aprobó el Plan de Gestión del Área Natural Protegida Península de Magallanes y estableció que las actividades, habilitaciones, concesiones y permisos quedaban sujetos a ese instrumento y a la autoridad de aplicación.
En paralelo, el Ejecutivo señala que el expediente del proyecto turístico no nació con la actual gestión. El propio Decreto 915/26 identifica las actuaciones como Expediente CAP N.º 495.894/23, por lo que el Gobierno sostiene que el trámite ya estaba iniciado antes de la llegada de Claudio Vidal a la Gobernación.
Hugo Garay explicó, además, que la propuesta original era de mayor escala y que el Consejo Agrario planteó modificaciones porque no se adecuaba al Plan de Gestión. “El primer proyecto que nos presentaron era muy ambicioso y no se adecuaba al plan de manejo, entonces planteamos que se hiciera otro”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LU12 AM680.
De acuerdo con los datos aportados por el CAP, el proyecto actualmente analizado contempla un predio privado de unas 20 hectáreas, con aproximadamente cuatro hectáreas destinadas a infraestructura. La iniciativa prevé 24 cabañas, con un máximo de 60 plazas, además de espacios comunes y senderos peatonales. La superficie total del Área Natural Protegida, en tanto, ronda las 38.900 hectáreas.
Evaluación ambiental
Otro de los argumentos centrales de la Provincia está relacionado con el procedimiento ambiental. Garay señaló que el estudio de impacto ambiental fue presentado en 2023 y que posteriormente atravesó el circuito administrativo correspondiente. Según el Gobierno, la evaluación concluyó con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en 2024.
El Decreto 915/26 establece que el proyecto cuenta con esa Declaración de Impacto Ambiental, aunque también dispone que su habilitación, ejecución, puesta en marcha y funcionamiento deberán ajustarse a las normas ambientales, territoriales y de conservación vigentes.
En ese sentido, la excepción dispuesta por el gobernador está limitada a la operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada al “Master Plan Ecocentro”. El propio decreto aclara que la excepción es por única vez y que no podrá ser utilizada como antecedente automático para futuras operaciones similares.
Garay había sintetizado la posición oficial antes de la presentación ante los diputados con una frase: “Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente”. También sostuvo que la actual administración está aplicando el Plan de Gestión aprobado durante la gestión anterior.
La mirada de Javier de Urquiza
La explicación del Gobierno encontró, sin embargo, una fuerte objeción en quien estuvo al frente del Consejo Agrario Provincial durante la gestión de Alicia Kirchner.
Entrevistado este lunes por LU12 AM680, Javier de Urquiza cuestionó la interpretación que realiza la actual administración sobre el Plan de Gestión y el alcance de la excepción establecida mediante el Decreto 915/26.
“Lo sigo con cierta y clara preocupación. Me da la impresión de que se está partiendo de una base errónea, una base equivocada”, sostuvo.
De Urquiza recordó que durante su gestión se elaboró el Plan de Gestión luego de un largo conflicto con propietarios de inmuebles ubicados dentro de la Península. Según explicó, ese proceso estuvo relacionado con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2021, que ordenó avanzar con un plan de manejo para dar respuesta a los reclamos existentes.
El ex funcionario diferenció, no obstante, entre la posibilidad de desarrollar un proyecto dentro del marco del Plan de Gestión y la transferencia de la propiedad.
Su cuestionamiento principal apunta precisamente a ese punto. “El problema es que me da la impresión de que se quieren usar esos elementos para justificar algo que no está permitido en ningún lado, que es la venta de terrenos dentro de la Península de Magallanes”, afirmó.
De Urquiza sostuvo que la normativa vigente establece que, si un propietario de un lote dentro de la Península pretende venderlo, debe ofrecerlo previamente a la Provincia. Desde esa interpretación, consideró que la excepción establecida por el Decreto 915/26 no resolvería el problema jurídico.
“Está totalmente fuera de norma jurídica el autorizar una venta, por más que como dice el Decreto 915 sea por razones extraordinarias y por esta única vez”, manifestó.
Expediente bajo análisis
Con la presentación de la documentación ante la Cámara de Diputados, el expediente pasa a ocupar el centro de la discusión institucional.
Los legisladores habían reclamado conocer la totalidad de las actuaciones para determinar qué organismos intervinieron, qué dictámenes fueron emitidos, cómo se desarrolló la evaluación ambiental y cuál fue el procedimiento que terminó desembocando en el Decreto 915/26. El pedido fue aprobado por unanimidad.
La discusión, por lo tanto, ya no se limita al anuncio de una inversión turística ni a las características del futuro complejo. El eje pasa ahora por reconstruir el recorrido administrativo y determinar cómo se articulan entre sí el régimen de propiedad privada, la normativa de áreas protegidas, el Plan de Gestión aprobado durante la administración anterior, la evaluación ambiental y la excepción dispuesta por el actual Gobierno.
La documentación entregada a la Legislatura será, desde ahora, el elemento sobre el cual los diputados deberán analizar las interpretaciones y el procedimiento seguido por los organismos provinciales.
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