Presentaron el proyecto de Código Procesal Penal que propone un sistema acusatorio para Santa Cruz

Este viernes fue presentado en Río Gallegos el proyecto de Código Procesal Penal de Santa Cruz, una iniciativa que propone una reforma integral del sistema procesal penal vigente y plantea avanzar hacia un modelo acusatorio, oral y público.

La presentación se realizó desde las 17:30 en la sede del Colegio Público de la Abogacía, ubicada en Kirchner 1951, y estuvo a cargo de Joaquín A. Cabral, presidente del Instituto de Derecho Penal de la institución y autor del proyecto. La actividad contó con el acompañamiento de la presidenta del Colegio, Diana Huerga Cuervo, y del abogado Javier Stoessel, integrante del Instituto de Derecho Penal.

El encuentro estuvo dirigido a los matriculados y a la comunidad jurídica en general. Además, se habilitó una transmisión mediante Google Meet para los profesionales matriculados del interior provincial. Entre los presentes estuvieron José Luis Janesak y el fiscal Lisandro de la Torre, entre otros.

Un cambio en el proceso penal

Días atrás, en diálogo con LU12 AM680, Cabral había explicado los principales alcances de la iniciativa, que fue elaborada durante más de cinco años y presentada ahora por el Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de la Abogacía.

“Este es un trabajo, concretamente, el Código Procesal Penal, sistema acusatorio tan reclamado y anhelado para la provincia”, había señalado.

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la distribución de responsabilidades dentro del proceso penal. Bajo el sistema acusatorio propuesto, el Ministerio Público Fiscal tendría a su cargo la investigación y la acusación, mientras que la defensa ejercerá la contradicción y los jueces estarán concentrados en el control de las garantías y la resolución de los casos.

“Si hay un sistema acusatorio, es el fiscal o el Ministerio Público Fiscal el que investiga y acusa, la defensa ejerce plenamente la contradicción de esa acusación y el juez es el que controla las garantías y finalmente decide”, explicó Cabral.

De esta manera, la propuesta busca modificar el esquema actual, en el que el juez de instrucción tiene participación en la investigación junto con el fiscal.

Oralidad y audiencias públicas

El proyecto también plantea darle un lugar central a la oralidad, con audiencias públicas y decisiones adoptadas frente al juez, con participación de las partes y registro audiovisual.

La iniciativa apunta así a reducir el peso del expediente escrito y trasladar distintas instancias del proceso a audiencias orales.

Entre sus disposiciones también incorpora el juicio por jurados. Según explicó Cabral, su implementación requerirá posteriormente normas específicas para establecer, entre otros aspectos, los mecanismos de selección de los ciudadanos que integrarán los jurados.

“Está previsto el juicio por jurado, está legislado. Después restará que se conformen las leyes que lo ponen en funcionamiento”, indicó.

Prisión preventiva y evidencia digital

Otro de los ejes está vinculado con la prisión preventiva, que quedaría planteada como una medida de última alternativa y sujeta a la existencia de riesgos procesales concretos.

El proyecto establece límites temporales y revisiones periódicas. También plantea que condiciones como la pobreza, la falta de empleo o la nacionalidad no puedan ser utilizadas automáticamente como fundamentos para disponer un encarcelamiento preventivo.

A su vez, incorpora herramientas específicas para el tratamiento de la evidencia digital y la prueba científica, con controles sobre su obtención, conservación, integridad y trazabilidad.

Víctimas y proceso penal juvenil

La propuesta contempla además un fortalecimiento de los derechos de las víctimas y mecanismos específicos ante situaciones de usurpación, incluyendo la posibilidad de solicitar la restitución provisional de inmuebles bajo determinadas condiciones.

Otro capítulo está destinado al Proceso Penal Juvenil, actualizado a partir del nuevo régimen nacional. Allí se incorporan principios como la especialidad, el interés superior, la autonomía progresiva, la defensa especializada, la confidencialidad y las soluciones restaurativas.

En este ámbito, la privación de la libertad queda establecida como último recurso y se prevé la capacitación y especialización de jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios que intervengan en estos procesos.

El proyecto está compuesto por 402 artículos y cuenta además con documentación técnica vinculada con su implementación, organización territorial, recursos humanos, infraestructura e impacto institucional y presupuestario.

Según se indicó, en los próximos días la iniciativa sería girada a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde deberá comenzar su análisis por parte de los legisladores.