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La llamada Ley Provincial N° 13 regula el procedimiento constitucional para remover a funcionarios públicos de alto rango: Gobernador y Vicegobernador, diputados, ministros y vocales del Tribunal Superior de Justicia. Este proceso se lleva a cabo en la Legislatura provincial y está dividido en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora, cada una con la facultad de requerir dos tercios de los votos para tomar decisiones.
En ese marco, a la Cámara de Diputados llegaron dos denuncias contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta y Reneé Fernández. Como ya adelantó La Opinión Austral, el artículo 137 de la Constitución Provincial de Santa Cruz detalla este proceso, que se ajusta a los procedimientos establecidos en la ley. La Cámara de Diputados se divide en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora mediante sorteo durante la primera sesión ordinaria del año.
Los miembros de la Sala Acusadora son: Carlos Santi, Agostina Mora, José Bodlovic y Carlos Godoy (Unión por la Patria); Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Urrutia, Alfredo Martínez Alfaro, Cristian Ojeda, Piero Boffi, Javier Jara y Claudia Barrientos (Por Santa Cruz) y Pedro Muñoz (ARI-CC).
La Sala Juzgadora está compuesta por: Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García y Lorena Ponce (Unión por la Patria); José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez y Fernando Españon (Por Santa Cruz); Daniel Peralta y Carlos Alegría (bloques unipersonales).
La Sala Acusadora tiene un plazo de cuarenta días para decidir si acepta la acusación por dos tercios de los votos de sus miembros presentes.
Si la acusación es aceptada, la Sala Juzgadora tiene un plazo de treinta días para resolver y emitir un fallo. Para destituir al funcionario, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros presentes en la Sala Juzgadora, es decir, ocho votos del total de doce.
Hasta el momento, la Sala Acusadora sigue con el expediente de Basanta y devolvió a la presidencia de la Cámara de Diputados el de Reneé Fernández para su archivo. En el caso de Basanta, este medio pudo saber que se constituyó la comisión Investigadora conformada por tres legisladores. En ese aspecto, ya se definió una suspensión provisoria del vocal y un recorte del cincuenta por ciento de su sueldo mientras el expediente sigue en trámite.
La novedad de este jueves fue que finalmente Basanta se notificó de esta suspensión.
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