Quinta Marcha Federal Universitaria: en Río Gallegos se reclamó el cumplimiento de la ley

La Quinta Marcha Federal Universitaria tuvo su expresión en Río Gallegos con una movilización que reunió a autoridades universitarias, estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y representantes sindicales. La convocatoria volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas y el reclamo al Gobierno nacional para que cumpla con la legislación vigente y las resoluciones judiciales.

La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Roxana Puebla; la decana de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), Karina Franciscovic; y el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Sebastián Puig, coincidieron, en declaraciones a La Opinión Austral, en la importancia de la movilización y en la necesidad de que el Ejecutivo nacional cumpla con la ley y los fallos de la Justicia.

A lo largo de la marcha, estudiantes y docentes exhibieron carteles con consignas como “¿Por qué tanto miedo a educar al pueblo?”, “Sin educación no se toca”, “La educación no se vende” y “Sin educación no hay país”. La movilización llegó, tras salir de la Plaza de Los Leones, hasta la intersección de las avenidas Presidente Néstor Kirchner y José de San Martín.

La protesta se desarrolló en un contexto de tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los recursos del sistema y la discusión del Presupuesto Nacional 2027.

“Se atenta contra el futuro del país”

Los representantes sindicales también participaron de la movilización y plantearon sus cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional.

David Catrihuala, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), expresó su emoción por la respuesta de la comunidad y señaló que la movilización se replicó en distintas ciudades del país. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de quórum de diputados nacionales para tratar la derogación del DNU 70/23.

En ese marco, apuntó contra el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido, a quien cuestionó por su posicionamiento político y por acompañar, según expresó, los intereses de los sectores económicos concentrados.

Catrihuala sostuvo que el país atraviesa un período de retroceso en materia de derechos y remarcó el alcance del conflicto universitario. “No se atenta contra los estudiantes, los rectores, los docentes, los no docentes, sino contra el futuro del país”, afirmó.

También cuestionó las consecuencias que, a su entender, podría tener el desfinanciamiento educativo sobre las próximas generaciones y convocó a fortalecer la representación de los trabajadores.

Por su parte, Sandra Sutherland, representante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), vinculó la defensa de la universidad pública con la igualdad de oportunidades y los derechos laborales.

“Para nosotros es un principio de justicia social que los hijos de los obreros llenen las universidades”, manifestó. Además, reclamó la derogación completa del DNU 70/23 y se pronunció contra las medidas que, según señaló, afectan las conquistas alcanzadas por los trabajadores.

Cabe destacar que de la marcha también participaron gremios como Camioneros y la UOCRA, aunque también partidos políticos de izquierda y La Cámpora, entre otros.

El documento de la Quinta Marcha Federal Universitaria

Al finalizar la movilización, rectores, decanos, representantes gremiales y estudiantes participaron de la lectura del documento nacional de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió los principales reclamos del sistema de educación superior.

El texto recordó que se trata del tercer año en que la comunidad universitaria se moviliza en defensa de la educación pública, la ciencia y la salud. También destacó la aprobación legislativa de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó al Poder Ejecutivo por no garantizar su cumplimiento, pese a los pronunciamientos judiciales.

“La respuesta de quienes nos gobiernan ha sido no respetar la ley ni acatar los fallos judiciales”, señalaron en el documento.

Las organizaciones advirtieron que la reducción de los recursos destinados a las universidades puede profundizar las dificultades presupuestarias y afectar tanto el funcionamiento de las instituciones como las condiciones de enseñanza, investigación y formación profesional.

En esa línea, cuestionaron el incumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y de las medidas judiciales que ordenan su aplicación. También expresaron su rechazo al uso de decretos de necesidad y urgencia para modificar decisiones adoptadas por el Poder Legislativo.

Por ese motivo, las organizaciones reiteraron el reclamo de derogación del DNU 70/23 y convocaron a defender las atribuciones del Congreso y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Presupuesto 2027: la preocupación por el funcionamiento de las universidades

Uno de los ejes centrales del documento fue el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Las autoridades universitarias cuestionaron que la iniciativa no contemple los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario ni la recuperación de las pérdidas acumuladas por el sistema educativo y científico.

El planteo se vincula con las advertencias que la UNPA había realizado antes de la movilización. En una convocatoria publicada el 14 de octubre, la rectora Roxana Puebla señaló que la situación presupuestaria de la institución y del sistema universitario nacional era “sumamente complicada” y había advertido sobre las dificultades para sostener las actividades el próximo año.

“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, señalaron las organizaciones, que también alertaron sobre la posibilidad de que la Argentina finalice por tercer año consecutivo con uno de los niveles de gasto público en educación superior más bajos de América Latina.

La jornada en Río Gallegos volvió a reunir a los distintos sectores de la comunidad universitaria alrededor de un reclamo común: garantizar el financiamiento de las instituciones públicas, preservar las condiciones de trabajo y estudio y exigir que el Gobierno nacional cumpla con las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones judiciales vigentes.