Tanarro cuestionó la insistencia del Ejecutivo con el pliego del juez Albarracín

El abogado y exfiscal de Estado Fernando Tanarro se refirió este miércoles a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de insistir con la presentación del pliego del juez de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate, destinado a cubrir una vacante en la Cámara en lo Criminal con asiento en Río Gallegos.

A través de sus redes sociales, Tanarro cuestionó el procedimiento y sostuvo que, una vez producido el rechazo de un pliego mediante una votación, no corresponde volver a presentarlo.

“Tema Albarracín. No hay dudas que una vez producido el rechazo (la votación) el trámite termina, no queda abierto, no se puede insistir. Esto último es forzar el procedimiento”, expresó el abogado.

En ese marco, Tanarro citó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como “Uriarte”, en el que el máximo tribunal se refirió a los procedimientos constitucionales vinculados con la integración de los tribunales.

“La Corte en el precedente ‘Uriarte’, recordó que ‘los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley’”, señaló.

Designación de magistrados

El exfiscal de Estado sostuvo además que, de acuerdo con ese precedente, el procedimiento de designación de magistrados no constituye solamente un requisito institucional, sino que también se vincula con los derechos de quienes recurren al sistema judicial.

“Más aún, sostuvo que la razón de ser de ese procedimiento no era únicamente un imperativo republicano sino un derecho de los justiciables”, indicó Tanarro, quien citó el criterio de la Corte respecto de la necesidad de contar con una magistratura independiente e imparcial.

En ese sentido, remarcó la relación entre los mecanismos de designación de jueces y la garantía constitucional del juez natural, contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

“En efecto, el complejo sistema de consenso y participación de los diferentes Poderes del Estado en la designación de los magistrados tiende a proteger el derecho de los justiciables a ser oídos por su juez o tribunal natural, competente, independiente e imparcial”, sostuvo.

Tanarro vinculó ese principio con las garantías reconocidas tanto por la Constitución Nacional como por distintos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.

Debate en la Legislatura

El planteo del abogado se conoció luego de que, tal como informó este martes La Opinión Austral, el pliego del juez fuera analizado en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, tras haber sido rechazado en el recinto el 10 de septiembre pasado y vuelto a ser enviado por el Ejecutivo diez días más tarde.

El expediente obtuvo despacho favorable tras el tratamiento en comisión y, de acuerdo con los tiempos legislativos, podría ser abordado en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 22 de octubre.

La eventual votación volverá a poner en discusión el procedimiento para la cobertura del cargo en la Cámara en lo Criminal con asiento en Río Gallegos.