“Ya no tenemos las manos atadas”, dijo la abogada de la Caja de Previsión Social del fallo judicial

El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revocó la medida cautelar que impedía al Gobierno de Santa Cruz retener fondos de la coparticipación a los municipios deudores de los aportes que tienen destino la Caja de Previsión Social.

Como ya informó La Opinión Austral, la decisión ratifica la legalidad del régimen de aportes previsionales vigente en la provincia y abre un nuevo escenario en la disputa por el financiamiento del sistema jubilatorio. De esta manera, deja sin efecto un planteo que había sido presentado en su momento la Municipalidad de Río Gallegos y que estaba pendiente de una resolución por parte del máximo tribunal de la provincia.

Dheisy Canton, asesora letrada de la presidencia de la Caja de Previsión Social (CPS), analizó en una entrevista por LU12 AM680 los alcances de la medida judicial: “La verdad es que esto nos trae tranquilidad. El fallo vino a poner orden legal y no nos sorprende, me causó un impacto grato ver las firmas de todos los vocales en ese fallo porque demuestra que se está ordenando el sistema”, señaló la abogada.

La decisión se encuadra de forma directa en los mandatos de la legislación provincial. “La ley que se sancionó el año pasado pedía esto, que dadas las medidas cautelares a cualquier ente autárquico o organismo del Estado, debían levantarse luego de los seis meses. Entonces, esto vino a poner de manifiesto lo que es el mandato legal”, precisó.

Al profundizar en el origen del litigio, describió los componentes de la disputa judicial y aclaró en qué instancia se encuentra la demanda principal en este momento.

“Nosotros estábamos en medio de una acción judicial por una inconstitucionalidad respecto del artículo 22 de la ley previsional, que es el que, producidos las deudas por los no aportes de los entes, la Tesorería General de la provincia podría accionar y retener la coparticipación. El municipio de Río Gallegos plantea una acción de inconstitucionalidad en este sentido y además de la acción de inconstitucionalidad plantea una medida cautelar de no innovar para que en ese mismo momento se suspenda cualquier tipo de acción que pudiera pretender hacer la Tesorería General por pedido de la Caja de Previsión”, pormenorizó Canton.

Remarcó la diferencia entre lo resuelto ahora y el juicio de fondo. “La medida cautelar fue aceptada por el Tribunal de Justicia en ese momento y ahora lo que sucedió es, en este incidente de medida cautelar, se levantó esa medida cautelar. La acción principal se sigue discutiendo“, diferenció.

Respecto a la aplicación de los descuentos sobre la coparticipación que reciben las comunas y los plazos para que la provincia comience a actuar, desestimó una ejecución automática e inmediata, priorizando los tiempos legales y los canales del acuerdo político. “Primero tiene que quedar firme el fallo. Hay que ver si la otra parte acciona, pero después de eso, yo creo que, y esto por ahí ya es más político, lo principal sería que las partes nos podamos sentar y dialogar sobre esta deuda histórica que existe de los municipios a la Caja de Previsión. Ya estaríamos en condiciones de poder accionar, pero creo que el camino inicial no debería ser por ahí”, consideró.

La magnitud del desequilibrio financiero que afecta a la caja previsional otorga centralidad a las cifras en juego, las cuales comprometen la estabilidad del sistema santacruceño. “No tengo el número fino, pero en total todos los municipios deberían transferir más de 7.000 millones mensuales a la Caja de Previsión. Eso representa un poco menos del 50% del déficit mensual de la Caja de Previsión”, reveló Canton.

Al ser consultada sobre los aportes de los municipios, señaló: “Ninguno está pagando como debe ser. Creo que sería lo indicado para ambas partes, porque nadie desconoce la realidad de los municipios, pero también la provincia está en la misma situación, así que hay que sentarse a ordenar las cuentas“, sentenció.

La regularización de estos flujos de fondos se plantea como el paso para devolver la sustentabilidad a la institución y corregir el impacto presupuestario que sufre la administración central de la provincia. “Es un importe bastante fuerte para lo que es el déficit mensual de la Caja de Previsión. Como decía, estamos hablando casi del 50%, lo que no es un número menor y contribuiría plenamente. Lo principal es que esto dejaría de producirle este impacto a la provincia“, analizó Canton.

Explicó además que el ordenamiento contable liberará partidas presupuestarias que hoy se destinan al pago de haberes previsionales. “La provincia ya podría dejar esto que tiene que pasar todos los meses a la Caja de Previsión para cubrir sueldos; ese dinero podría ir destinado a salud o a seguridad, que tanto se necesita”, puntualizó.

Hacia el cierre de sus declaraciones, la asesora letrada remarcó el cambio que genera este dictamen en la relación de fuerzas políticas y la tranquilidad que aporta de cara al futuro del sistema previsional en Santa Cruz. “Da la impresión de que por lo menos ya no tenemos las manos atadas como Caja de Previsión y como provincia, y nos podemos sentar a hablar, a discutir esto y a tratar de solucionar, porque la Caja de Previsión es algo que siempre preocupa a todos”, reflexionó.