YPF: Argentina tiene hasta el jueves para pedir a la Cámara que suspenda la orden de Preska

La Argentina sigue sumando decisiones adversas en el juicio por la expropiación de YPF que le significó una sentencia de USD 16.100 millones a pagar.  Este lunes, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud del Estado argentino para que suspenda la ejecución de su sentencia por la cual ordena la transferencia de las acciones de YPF que tiene el Gobierno a nombre de la empresa Burford Capital, para cumplir con el pago del fallo a favor del demandante en 2023.

Los abogados de la Argentina habían solicitado frenar el traspaso de esas acciones sin garantías, pero la jueza sostuvo que la Argentina no cumplió con las ‘condiciones previas’ que le hubieran permitido acceder a una moratoria temporal. Al tiempo que ratifica que deben transferirse las acciones y vuelve a fijar un plazo, esta vez para el proximo jueves 17 de julio, la magistrada advierte en su sentencia que cualquier daño que alegue el país “se deriva directamente de su propia demora e intentos de eludir sus obligaciones”.

El Gobierno, al mismo tiempo que había presentado el pedido de suspensión de la ejecución, fue a la Corte apelando diréctamente la decisión de forzar la transferencia de las acciones. Ahora deberá ir nuevamente a ese órgano judicial para pedir que, mientras resuelva la apelación, suspenda la ejecución de la sentencia.

Sin tiempos

Pero la Corte de Apelaciones no tiene plazos para resolver. De hecho este órgano judicial aún no avanzó en tratar la apelación anterior que hiciera la Argentina sobre el fallo inicial.

Cabe recordar que la defensa argentina fue a la Corte de Apelaciones pidiendo revocar la sentencia de septiembre de 2023, en la que Preska decidió que la Argentina incumplió el estatuto de YPF cuando no ofreció comprar las acciones de YPF de los accionistas minoritarios y condenó al país a pagar los USD 16.100 millones. La otra es la presentada la semana pasada, sobre la decisión de Preska de ordenar que Argentina entregue sus acciones de YPF en pago de la sentencia de septiembre de 2023.

Sin tiempos a cumplir por parte de la Corte, los jueces de alzada no han fijado siquiera fecha para la audiencia de partes para empezar a tratar la primera de las apelaciones, sobre la sentencia original. Por lo que es muy dudoso de que decida avanzar en la segunda apelación sin haber resuelto la primera.

Pero si la Corte no concede, de forma preventiva y urgente, la suspensión de la ejecución del fallo de Preska, la jueza quedaría en condiciones de declarar en “desacato” al Estado Argentino y establecer nuevas medidas.

“Maniobras dilatorias”

En su escrito, la jueza subrayó que el Estado argentino mal utilizó una prórroga temporal, otorgada tras el cambio de gobierno. “Aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”, señaló Preska, que describió como dilatorias las maniobras presentadas por la defensa argentina.

Pero también rechazó el argumento de “daño irreparable” si no se aplaza la cesión, al sostener que “cualquier daño se deriva de las propias acciones de la República”. De esta forma, para la jueza Preska, la Argentina no puede reclamar una suspensión sin haber cumplido los requisitos previamente establecidos.

Juicio de larga data

La expropiación de YPF en 2012, fue el punto de partida del litigio, por el cual Burford Capital, tras haber comprado los derechos a Petersen Energía, se transformó en el principal demandante contra el Estado Nacional, argumentando “fondos de inversión afectados”.

En la sentencia de 2023, finalmente y luego de varias idas y vueltas, el tribunal norteamericano ordenó el pago de USD 16.100 millones a Burford. Dicho fondo solicitó que Argentina ponga las acciones de YPF como garantía para el pago de la indemnización, pero el país se negó.

Ese fallo fue apelado a la Corte por Argentina ese mismo año, sin que la misma haya resuelto hasta ahora, pero no fue suspendido por la Jueza. De ahí que desde entonces, la defensa del Gobierno buscó demorar la ejecución de la sentencia, hasta que llegó, el pasado 30 de junio, la órden de Loretta Preska de transferencia de acciones, ante el incumplimiento argentino de establecer una garantía de pago mientras se resolvía la apelación.

Ejecución perentoria

El Estado argentino volvió a pedir la suspensión, advirtiendo la imposibilidad de dar cumplimiento, algo que la jueza desestimó este lunes y volvió a emplazar al Gobierno a entregar las acciones, de no hacerlo, podría declarar al país en desacato.

La fecha final fue fijada por la magistrada para este jueves 17 y ese es el tiempo máximo que tiene la Argentina para ir, una vez más a la Corte de Apelaciones, a pedir que se ponga en suspenso esa orden.

Cuatro apelaciones en curso

Cabe recordar que el mismo día que Preska falló a favor de Burdford, también ordenó transferir acciones de YPF a otro fondo que representa a bonistas de la deuda declarada en default.  En ese sentido, la Corte entendió, ante la presentación de la defensa de las apelaciones, que ambas deberán correr por arandiveles separados, aunque el argumento de la defensa argentina de no transferir dichas acciones sea el mismo.

Además de esos dos recursos, el tribunal de alzada también debe resolver, como ya se señaló más arriba la apelación sobre el fallo original, realizada por el Gobierno de Alberto Fernández en 2023 y otra apelación, que fuera presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que busca que se desestime el caso por corrupción en el proceso de nacionalización.