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Tras la denuncia por irregularidades y situaciones de violencia en el Hogar Alegría de Río Gallegos, gobierno de Santa Cruz intervino de forma inmediata a través de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud y Ambiente, activando los protocolos necesarios para resguardar el bienestar de los usuarios.
Según indicaron, la directora general de Dispositivos Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Lamas, junto a un equipo interdisciplinario, se hizo presente en el lugar para garantizar la asistencia y contención de los usuarios.
A través de un comunicado, el Ejecutivo informó que “se labraron las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de quienes conducen y gestionan el hogar. Las autoridades provinciales se pusieron a disposición de la justicia y notificaron a los familiares de los usuarios involucrados, quienes participaron activamente en el proceso de traslado y contención”, indicaron.
Respecto a las condiciones relevadas en el Hogar Alegría, el Ministerio de Salud determinó el traslado de los usuarios a centros habilitados y en condiciones óptimas para recibirlos. Esta medida permitirá garantizar su cuidado y contención hasta que la Justicia se expida y se defina el futuro de la institución.
En ese contexto, las ministras de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, y de Salud, Analía Costantini, remarcaron que “desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial ha priorizado reforzar los controles y rediscutir las políticas vinculadas a la Ley Nacional de Salud Mental”.
“Es un debate necesario que nos debemos como sociedad”, enfatizaron, al tiempo que concluyeron remarcando que “estamos ante la necesidad urgente de transformar el sistema de cuidado en este tipo de espacios. Durante años, estos hogares funcionaron sin el marco regulatorio necesario”, subrayaron.
Ante la viralización de los hechos en redes sociales, las ministras hicieron un llamado a la comunidad para resguardar la identidad de las personas involucradas, recordando que se trata de una situación bajo tratamiento judicial.
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