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Hace 18 días, en la provincia de Santa Cruz nació el pequeño Noah, séptimo hijo varón de la familia Montiel-Portillo. Por su orden de nacimiento, el bebé debería ser apadrinado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Mientras en Río Gallegos la familia aguarda que el padrinazgo se concrete, lo que le permitiría al infante tener una beca educativa, en la Cámara de Diputados de la Nación el legislador Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para derogar los decretos 848/1973, 143/1974, 964/1976, 1416/2009 y la Ley 20.843, sobre padrinazgo presidencial.

En tanto que en su artículo 2° indica que “las disposiciones de esta ley no afectan, en ningún caso, los derechos adquiridos bajo las leyes que se derogan”.

A la fecha, son más de 11 mil los ahijados y ahijadas presidenciales.

“El instituto del Padrinazgo Presidencial reconoce sus orígenes en la licantropía. El antiguo mito del “hombre lobo“, uno de los más extendidos a lo largo de la historia de la humanidad en sus diversas manifestaciones culturales, es el sustento de esta antigua tradición de la Rusia zarista recogida oficialmente en la Argentina, cuando, en 1907, el entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, accedió al pedido de una pareja alemana de inmigrantes procedentes de las colonias establecidas a orillas del Volga, apadrinando a su séptimo hijo varón”, reseña en sus fundamentos el proyecto presentado por el diputado y que cuenta con el acompañamiento de la diputada Mónica Fein.

El texto, de cuatro páginas, plantea que la distinción, a pesar de sus adecuaciones y actualizaciones normativas, continúa “siendo absolutamente caprichosa y arbitraria, pues sólo reconoce como fuente la mitología, de modo que lejos está de justificar su vigencia en razones de protección social ante la presunta vulnerabilidad social o económica de una familia numerosa”.

En este sentido, apunta que, por ejemplo, una familia compuesta por seis hijas y seis hijos queda excluida de un padrinazgo presidencial.

Asimismo, Paulón marca en que incluso habiendo ampliado su alcance en cuanto a la posibilidad de apadrinar a quienes practiquen otro culto que no sea el católico o incorporar hijos o hijas por adopción, no “se subsana el sesgo discriminatorio del instituto del padrinazgo presidencial, que conserva resabios de un dogma de Estado paternalista y patriarcal y una concepción biologicista que reafirma axiomas como el sexo asignado al nacer“.

También hace hincapié en que “esta suerte de mandato divino y poder sagrado depositados en la investidura presidencial, con raíces en un ritual imperial destinado a deshacer un maleficio, carece de todo asidero y el mínimo atisbo de razonabilidad en el marco de un Estado de derecho, laico y democrático, que, además de regirse por los principios de igualdad, no discriminación y neutralidad religiosa de los poderes públicos, adscribe al paradigma de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En diálogo con La Opinión Austral, el diputado nacional manifestó que considera que el proyecto contará con acompañamiento de sus pares.

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