Este jueves -a partir de las diez de la mañana- se llevará adelante la 10° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Gallegos, y los ediles adelantaron a La Opinión Austral que finalmente será aprobada la “Creación del Registro de Infractores al Transporte Público Autorizado”.

Se trata de la normativa que trabajó el Ejecutivo Municipal de forma conjunta con taxistas y remiseros buscando poner un freno a los conocidos “ubers truchos”. Una problemática que creció a pasos agigantados en la ciudad capital a medida que se agudizó el conflicto en el transporte urbano de pasajeros.

En Río Gallegos hay 300 taxis, mientras que los ilegales rondan en los 280 vehículos

“Hay consenso con la oposición y se aprobará por unanimidad. El registro de infractores funcionará bajo la órbita de Transporte Público”, adelantó el concejal Leonardo Fuhr desde el Frente de Todos a La Opinión Austral.

Leonardo Fuhr.

En esta línea, precisó que la Dirección de Tránsito Municipal -como autoridad de aplicación- será facultada a identificar al “conductor y acompañantes, requiriéndose eventualmente presencia de testigos, a fin de constatar la presunta irregularidad”. Se trata de un cambio sustancial en la normativa ya que sólo la Policía tiene ese poder de actuación.

Código de Faltas

Además, el trabajo realizado tanto por los concejales del oficialismo como de la oposición de forma conjunta con los trabajadores del volante determinó que “las multas a quienes practican la ilegalidad estaba al mismo nivel que por alcoholemia y no se modificaron”, precisó el concejal.

En esta sintonía, el proyecto de resolución que será tratado en esta jornada establece modificar el artículo 133° bis de la Ordenanza N° 2039 – Código Municipal de Faltas.

De esta manera, se resolvió que la primera multa tendrá un valor de 100 mil módulos, es el equivalente a $ 60 mil, y se sumará una inhabilitación para conducir por 180 días.

Se modificará el artículo 133° bis del Código Municipal de Faltas, Ordenanza 2039

La segunda infracción escalará a los 200 mil módulos -$ 120 mil- y el infractor no podrá conducir por “365 días”.

La tercera, ascenderá a 400 mil módulos lo que implica un costo de $ 240 mil. El carné de conducir será retirado por un lapso de dos años.

“Será pasible de igual sanción pecuniaria, quien publique u oferte el servicio a través de cualquier medio audiovisual y en caso de comprobarse dolo, también el titular registral del vehículo utilizado”, fue completado el proyecto al que accedió La Opinión Austral.

En esta sintonía, Juan Ojeda de la Federación de Taxis, ratificó que cuentan con “el compromiso de ambos bloques de aprobar el proyecto, fue tratado en comisiones y se ha consensuado, por lo que esperamos la aprobación”, insistió.

Juan Ojeda.

Semanas atrás, el sector había indicado que la solución final a la ilegalidad se dará a partir de marzo próximo cuando la nueva línea de colectivos comience a funcionar en la ciudad.