Emma sigue sin su tratamiento: la Corte Suprema remitió el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones

Emma Schupbach Olmos, la niña de cuatro años de Río Gallegos que hace siete meses aguarda por el inicio de un tratamiento para poder hablar, deberá seguir esperando.

Emma tiene síndrome de Down y está diagnosticada con apraxia del habla. “Un trastorno motor en la organización y la planificación del cerebro para realizar los movimientos específicos que necesita la boca para poder hablar. Ella sabe lo que quiere decir, pero cuando lo tiene que decir no le sale o la palabra, la sílaba o el sonido, sale alterada”, explicó -semanas atrás- Romina Olmos, su mamá, en los estudios de Radio LU12 AM680.

Tras ser evaluada, los profesionales le indicaron un tratamiento intensivo en el Centro Fonakids con el método PROMPT, el cual debe extenderse por seis semanas.

El costo del tratamiento asciende a 37 millones de pesos.

Un camino sin fin

Ante la negativa de OSDE de cubrirlo, en septiembre de 2025, presentaron un amparo de salud -con medida cautelar- solicitando la cobertura del tratamiento ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°4 Secretaría N°8 que se declaró incompetente, basándose en el domicilio del centro terapéutico que se encuentra en Martínez, Buenos Aires. Además, dispuso la “remisión de las actuaciones a la Oficina de Asignaciones de Causas de los Juzgados Federales N°1 y 2 con jurisdicción” en la localidad de Martínez.

En octubre, la familia interpuso un recurso de apelación. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal sostuvo que estaba mal concedido el recurso de apelación porque el Juzgado N° 4 no determinó qué tipo de proceso era y directamente se apeló sobre la competencia. Por ello, la cámara se expidió y definió que aún no podía resolverlo, primero el juzgado debería haberse expedido si era un amparo.

El expediente se derivó a la justicia federal de San Martín que también rechazó la competencia en tanto que el juzgado de origen (Juzgado Civil y Comercial Federal N°4 ) insistió en su postura y elevó la causa a la Corte Suprema.

En febrero, la Procuración General de la Nación sostuvo que no correspondía a la Corte Suprema resolver el conflicto de competencia, sino a la Cámara Civil y Comercial Federal.

El 3 de marzo, la Defensoría General de la Nación advirtió que la medida cautelar nunca fue resuelta y reclamó urgencia. Seis días después, la familia presentó un escrito solicitando el pronto despacho en la Corte Suprema.

La semana pasada, la Cámara de Diputados de Santa Cruz y el Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobaron proyectos de resolución solicitando una pronta respuesta de la justicia para garantizar el tratamiento que necesita.

La Opinión Austral pudo saber que este 30 de abril la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió.

En el documento, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, señalan que en el caso “el conflicto negativo de competencia se suscita entre dos jueces federales de primera instancia, por lo que el órgano legalmente facultado para dirimir la contienda, con arreglo a lo previsto en el art.24, inc. 7°, del decreto-ley1285/58, es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la cual reviste la calidad de tribunal de alzada del juez que primero conoció y deberá resolver la controversia con la mayor celeridad posible”.

“Que, en las condiciones expresadas, no corresponde la intervención de esta Corte en el caso”, señala el escrito.

De esta manera, lo remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde ya estuvo en octubre de 2025, que será la que decida qué juez interviene.

A siete meses de la primera presentación, la medida cautelar -que notificaría a OSDE- sigue sin ejecutarse y Emma sigue sin recibir el tratamiento que necesita para poder hablar.

Olmos, quien es fonoaudióloga, explicó: “El reloj corre en los primeros cuatro años, es la base del desarrollo del lenguaje, el habla y de la comunicación y demás”.

“Ella ya tiene cuatro años y ocho meses, quizás para la justicia, para las obras sociales, seis meses no es nada, pero en el desarrollo del lenguaje de un niño es un montón y este es el tiempo, su cerebro está en pleno desarrollo entonces, necesitamos actuar cuanto antes”.

La familia adelantó a La Opinión Austral que la próxima semana presentará una nota solicitando un pronto despacho solicitando la medida cautelar a la Cámara de Apelaciones, lo que podría derivar en que efectivamente lo realice o lo envié nuevamente al Juzgado N° 4