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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha convocado a un paro nacional de 48 horas, paralizando el servicio de colectivos en todo el país. Esta medida de fuerza se debe a la decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte, lo que ha generado un fuerte impacto en las economías de las empresas y en los bolsillos de los usuarios.

La medida de fuerza, que comenzó este jueves 22 de agosto y se extenderá hasta el viernes 23, afecta a los servicios urbanos, interurbanos y rurales. Las empresas de transporte argumentan que la eliminación de los subsidios ha generado una situación insostenible, con tarifas inadecuadas y costos operativos cada vez más elevados.

Si bien la mayoría de las ciudades del país adhieren al paro, algunas localidades, como Caleta Olivia, han decidido mantener el servicio gracias a acuerdos locales. Sin embargo, la gran mayoría de los argentinos se verán afectados por esta medida de fuerza.

El reclamo de la UTA

La UTA ha sido clara en sus demandas: rechaza cualquier intento de ajustar la situación económica a costa de los salarios o derechos laborales de los trabajadores del transporte. El gremio sostiene que la responsabilidad de garantizar un servicio de transporte público eficiente y accesible recae en los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Este jueves, desde las primeras horas de la mañana, integrantes de UTA dispusieron un acampe en las puertas de la empresa CityBus de Río Gallegos.

Roberto Fernández, secretario general de UTA, denunció públicamente que “cualquier intento de ajustar la situación económica a expensas de los salarios o derechos laborales será inaceptable”.

A su vez, apuntó contra una “minoría de jurisdicciones” que pretenden “ocultar sus propias falencias y su déficit en la gestión, sumados a su negativa a asumir las compensaciones en un sistema de transporte del interior que es responsabilidad exclusiva de las provincias y municipios”, por el Pacto Fiscal.

El impacto en los usuarios

La medida de fuerza ha generado un gran malestar entre los usuarios del transporte público, que se ven obligados a buscar alternativas para trasladarse o a modificar sus rutinas diarias. El aumento de tarifas, que se espera como consecuencia de la eliminación de los subsidios, agravará aún más la situación económica de muchas familias.

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