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La salud mental se ha convertido en un tema crítico en Argentina, especialmente tras los efectos de la pandemia. En este contexto, el 2° Curso Provincial de Formadores en Prevención de Suicidio, llevado a cabo en Río Grande, Tierra del Fuego, ha destacado por su enfoque integral y su masiva convocatoria de más de 4.000 participantes.
El curso reunió a especialistas de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), docentes, fuerzas de seguridad y otros actores clave. La presidenta de APSA, Cora Luguercho, enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y los profesionales de la salud mental para implementar políticas efectivas y sostenibles.
En un momento donde el debate sobre el rol del Estado en la salud pública está en la agenda, esta colaboración es fundamental para avanzar en la prevención de una problemática que afecta a todos.
Un enfoque integral y preventivo en salud mental
Este curso se inscribe en una serie de políticas públicas que, bajo la gestión del intendente Martín Pérez, se han implementado desde 2019 con la creación de la Dirección de Salud Mental. Esta iniciativa busca no solo ofrecer asistencia a personas en crisis, sino también priorizar la prevención, especialmente entre jóvenes y adultos mayores, sectores gravemente afectados.
La gestión de Pérez ha puesto de relieve que la salud mental no es un tema marginal, sino una prioridad que debe estar en el centro de la agenda política.
Desde la cartera de salud municipal destacaron la labor de un equipo interdisciplinario de más de 100 profesionales en el área de salud mental. “Estamos comprometidos a enfrentar este desafío con acciones preventivas y un sólido respaldo municipal”, afirmaron, subrayando la relevancia de contar con tal cantidad de especialistas en una ciudad de este tamaño.
Un modelo para el debate nacional
La experiencia de Río Grande no se limita a lo local. En un escenario nacional donde se discute el rol del Estado en cuestiones esenciales, este curso pone de relieve la necesidad de una intervención pública robusta en la protección de la salud mental.
La participación activa de docentes, fuerzas de seguridad y otros actores comunitarios indica que la prevención del suicidio exige un enfoque colaborativo, donde el Estado asuma su responsabilidad en la construcción de una sociedad más saludable.
El compromiso comunitario fue un eje central del evento. Asociaciones civiles, ONGs, fuerzas de seguridad y profesionales de la salud se unieron para formar una red de prevención que comienza a dar resultados positivos.
“Estas capacitaciones son fundamentales no solo para quienes trabajan en salud, sino para todos los que integran el tejido social”, destacaron los organizadores.
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