Ley de Glaciares: el Gobierno reabre el debate con inversiones condicionadas

La discusión sobre la Ley 26.639 se sostiene desde su sanción en 2010. En ese entonces, el alcance del ambiente periglaciar quedó en el centro de las diferencias técnicas entre Nación, provincias, especialistas y empresas. El tema reaparecía por momentos y volvía a perder fuerza. Hasta ahora.

La dinámica cambió en dos planos: el político y el productivo. Por un lado, el Gobierno de Javier Milei llega a fin de año con una posición legislativa más sólida. Por el otro, la transición energética global y el impulso que dio el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) colocaron a los proyectos de cobre en una etapa decisiva. Esa combinación volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar ciertos aspectos de la ley.

En este escenario, el punto que vuelve a generar debate es el mismo que en los inicios: la definición del ambiente periglaciar. La interpretación que se aplica en la práctica incluye áreas amplias de alta montaña donde no se registran procesos criogénicos, algo que distintos actores vienen señalando desde hace años. Pero ahora, desde el oficialismo sostienen que “este es el momento” de avanzar.

“La reformulación de Ley de Glaciares es algo que no sé cuántos estadistas se le animan, por suerte nuestro Presidente sí. La aceptación social es distinta, pero la probabilidad de que estas inversiones [con RIGI] también es distinta. Ya tenés las compañías más grandes del mundo que dicen ‘este es mi proyecto’ y van a llevarlo adelante si tienen el RIGI”, señaló el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco de la XIX edición del Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo acompañó el secretario de Minería, Luis Lucero, que prefirió poner el foco en el aspecto técnico y en las competencias y responsabilidades provinciales: “Estamos buscando consensos y la mejor solución. El gobierno tiene la convicción de que la mejor solución es una ley aclaratoria. El texto está elaborado muy seriamente, durante meses, y solamente puedo adelantar grandes líneas en el sentido que va a ser una estrategia de federalismo. La ley que tenemos fue resultado de un enfoque de país que tiene que ser gobernado desde Buenos Aires y en el peor de los sentidos”.

Sobre el criterio que orientaría la actualización, el funcionario del área de Minería agregó: “La gran línea aclaratoria de la ley tiene que ver con decisiones sobre la viabilidad de un proyecto basada en estudios científicos, con atención a la particularidad específica del sector o de la región donde el proyecto se va a hacer, y que sea evaluada por la provincia. Esto es restituir a las provincias la capacidad que les otorga la Constitución, y que nos obliga a devolverles esa potestad”.

Lucero también mencionó las inversiones comprometidas: “Nos estamos empezando a acostumbrar a cifras de miles de millones. Tenemos USD 50.000 millones de inversión comprometida, de los cuales USD 31.000 millones son para minería. Si nos paramos y tomamos conciencia de la cifra, meses atrás hubieran sido fantasiosas”.

Empresariado

En el mismo encuentro, el sector privado sumó su propia interpretación del contexto. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, y Michael Meding, vicepresidente de McEwenCopper y gerente general del proyecto de cobre sanjuanino Los Azules— coincidieron en que la coyuntura muestra elementos que no estaban presentes en discusiones anteriores.

Cacciola subrayó el punto social. Señaló que la actividad cuenta hoy con “un 60% de aprobación“, un nivel que la minería argentina no había registrado en etapas previas. “Los principales beneficiados somos los argentinos. Es un instrumento que no nació para los inversores, sino para la gente”, afirmó, en referencia al RIGI. Y agregó que sostener ese respaldo implica avanzar en temas sensibles, entre ellos el desarrollo de proveedores y la modificación de la Ley de Glaciares, cuya discusión —según dijo— “está encaminada”.

Meding, por su parte, planteó la perspectiva inversora. Destacó que observa “una oportunidad única” para el país y que, tras años de volatilidad, “se modificó la actitud de los inversores internacionales“, que ahora ven a la Argentina como un destino viable para proyectos de gran escala. Desde su óptica, la actualización de la ley es un punto relevante para garantizar claridad regulatoria en zonas de alta montaña. “Si no se reforma la Ley de Glaciares, muchos proyectos no podrán ser explotados“, sostuvo.

Así las cosas, dentro del Ejecutivo toman nota de la dinámica parlamentaria. Algunos funcionarios señalan que existe la posibilidad de que la reforma se convierta en un punto de disputa con parte de la oposición, por antecedentes y posicionamientos previos.

Atentos a eso, la Secretaría de Minería se prepara con estudios respaldados por especialistas del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), glaciólogos, geólogos, hidrólogos y equipos ambientales. La idea es unificar criterios sobre metodología, inventario y delimitación del ambiente periglaciar, para contar con material que permita encuadrar la discusión legislativa en parámetros científicos y no únicamente en posiciones políticas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X el anuncio oficial de las sesiones extraordinarias, donde quedó incluida entre otras reformas (Presupuesto 2026, Inocencia fiscal, Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, Modernización laboral y Reforma del Código Penal) la discusión sobre la ley como “adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Incorporar la adecuación del régimen de glaciares y ambiente periglaciar dentro de un paquete más amplio de iniciativas para sesiones extraordinarias forma parte de la estrategia del oficialismo para tratar el tema en un marco general, evitando que quede aislado como un punto único de discusión.

Con provincias atentas y proyectos de cobre avanzando hacia instancias decisivas, la discusión ingresa ahora en una etapa legislativa que todavía no tiene plazos estipulados.