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Por Sabrina Pont
El cepo cambiario sigue representando un serio obstáculo para las empresas mineras que están en fase de producción, aunque se desestima su impacto porque podría no afectar de inmediato a nuevos proyectos —que en sus primeras etapas requieren principalmente entrada de capital—. Si bien durante este primer año de gobierno de Javier Milei se lograron agilizar algunos trámites importantes que mejoraron los procesos y facilitaron la concreción de importaciones y los pagos a proveedores en el exterior, las restricciones cambiarias se mantienen como una dificultad para las empresas al momento de girar dividendos y repatriar ganancias.
Esta situación -argumentan los referentes de las empresas mineras- afecta directamente la confianza de los inversores y repercute en la sostenibilidad de los proyectos en marcha, especialmente en el caso de los metales preciosos. Los altos precios actuales del oro y la plata, que en teoría favorecerían la inversión, no alcanzan para compensar los costos crecientes de yacimientos maduros, que enfrentan a la vez un contexto de atraso cambiario.
Si bien el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue pensado como una herramienta con beneficios fiscales y financieros para fomentar grandes proyectos e incentivar la entrada de capital extranjero, su alcance no parece ser suficiente: falta todavía que se lo acompañe de otras medidas que aborden los obstáculos estructurales y macroeconómicos que afectan a la industria.
No obstante, tal como advirtió a SCP con anterioridad el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, “no hay otros tipos de medidas en cartera, los esquemas de apoyo están concentrados en el RIGI. Ojalá hubiera proyectos que pudieran aprovechar esos beneficios”.
Para los proyectos por venir se advierte que hace falta despejar otras barreras para acompañar al RIGI. Como la infraestructura adecuada y de una mayor integración nacional de proveedores.
Para que se concreten nuevos grandes proyectos, especialmente en San Juan, Salta y Catamarca, falta mayor infraestructura adecuada. En la etapa previa al inicio de la construcción de las minas propiamente dichas, primero debe planificarse es la inversión en caminos, energía y campamentos. Y se advierte que la capacidad de la Argentina para cubrir estas necesidades de infraestructura es limitada.
En paralelo los empresarios del sector apuntan a la urgencia de abrir la participación para incorporar actores de Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos, entre otros. Un impulso, aunque necesario, que enfrenta la paradoja de un sector que necesita equilibrar los costos de proveedores locales con la competencia extranjera. Ya que en algunos rubros es escasa y los costos de insumos y servicios terminan, en ocasiones, siendo superiores a los del mercado internacional.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) dio su postura sobre políticas de desarrollo de proveedores, donde señalan que entienden a la minería como “una industria donde es fundamental el intercambio (de tecnologías, know-how, apoyo financiero, etc.)” y es por eso que comprenden que “el concepto de compre local debería ser ampliado por el de desarrollo local, de forma tal que la normativa se centre en priorizar y promover a las empresas locales, evitando privilegiar, generando distorsiones que dañan a la industria”.
La industria minera argentina, una vez más, se encuentra en una encrucijada histórica. Con el auge de los minerales críticos y la creciente aceptación social de la minería –estimada en un 60-70% de apoyo–, los empresarios advierten que, de no enfrentarse estos desafíos con visión estratégica, el sector podría retardar aún más el desarrollo de su potencial.
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