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La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz, presidida por María Alejandra Vila, jueza de la Cámara Criminal, manifestó públicamente su preocupación por las decisiones adoptadas por la Caja de Previsión Social (CPS) respecto de las jubilaciones de integrantes del Poder Judicial y sostuvo que la medida podría afectar la independencia judicial y la integración de los órganos de justicia.
A través de un comunicado, la entidad cuestionó que el Directorio de la Caja de Previsión Social haya resuelto conceder la jubilación a diez integrantes del Poder Judicial “en forma selectiva e inconsulta”. Según señalaron, nueve de las diez personas alcanzadas por la decisión son mujeres.
Cuestionamientos por la integración del Poder Judicial
La Asociación puso especial énfasis en que la medida alcanza a mujeres que integran el máximo tribunal de la provincia y advirtió sobre el impacto que tendría en la representación femenina dentro del Poder Judicial de Santa Cruz.
En ese sentido, consideró que el procedimiento implica una afectación de la legislación vigente y de los principios constitucionales vinculados con la igualdad y la paridad de género, al modificar la composición de los órganos judiciales.
“Este proceder importa una vulneración grave a la legislación vigente, la igualdad y paridad de género de origen constitucional”, expresó la organización en el comunicado difundido este martes.
La entidad sostuvo que la situación adquiere especial relevancia porque, según planteó, todas las mujeres juezas que integran el máximo tribunal provincial deberían dejar sus cargos como consecuencia de las jubilaciones otorgadas.
La diferencia entre jubilarse y dejar el cargo
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la Asociación de la Magistratura apunta a diferenciar el reconocimiento de un beneficio previsional de la finalización de la función judicial.
“Reconocer un derecho previsional y finalizar la función judicial son cuestiones distintas”, remarcó la organización.
En esa línea, sostuvo que el hecho de que una persona reúna los requisitos para acceder a una jubilación no habilita por sí mismo a la Caja de Previsión Social a disponer el cese de sus funciones dentro del Poder Judicial.
“El hecho de tener los requisitos para jubilarse no autoriza a una autoridad administrativa (CPS) a disponer la separación del cargo”, afirmó la Asociación.
Para los magistrados, una decisión de esas características constituiría un mecanismo que no está contemplado en la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y podría afectar la garantía de inamovilidad de los jueces.
Reclamo por la independencia judicial
Ante lo que calificó como una situación de “gravedad institucional”, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial reafirmó su compromiso con la independencia del Poder Judicial y reclamó que cualquier decisión que modifique su integración sea sometida al correspondiente control constitucional.
En ese sentido, planteó la necesidad de preservar la división de poderes y el principio de legalidad, además de garantizar la igualdad, la prohibición de toda forma de discriminación y el respeto por las instituciones democráticas.
La entidad sostuvo que las decisiones vinculadas con la permanencia y composición del Poder Judicial deben ajustarse estrictamente al marco constitucional y legal vigente, debido a las consecuencias que pueden generar sobre la independencia de los magistrados y el funcionamiento de la Justicia provincial.
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