Cuánto costaría la salud con Javier Milei: los números de Santa Cruz

Después de las elecciones PASO en agosto, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, desdijo, en su raid mediático, varios puntos que, hasta antes de la instancia electoral, sostenía con vehemencia.

Pero previo a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Milei revindicó la privatización de la salud y señaló, además, su postura respecto a la venta y compra de órganos y un sinfín de propuestas que desataron polémicas. Luego de la alianza Bullrich – Milei, hubo ligeros cambios en el discurso.

Lo cierto es que la plataforma electoral del partido libertario, sin embargo, señala, textual, en el ítem de Salud, en el punto N° 6, como propuesta “descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y auto-gestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”.

Además, el punto N° 9 establece “Modificar la Ley de salud mental“. No explica qué modificaciones, cómo ni porqué.

El punto N° 14, en tanto, propone la “creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio”. Mientras que el punto N° 17 fija “promover leyes que permitirán que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar“.

La realidad es que la no intervención del Estado y el libre mercado que propone La Libertad Avanza tendría un fuerte impacto en la salud, entendiendo que, además, estipula el recorte estatal y el famoso achique del gasto público.

Si de salud mental hablamos, modificar la normativa (pese a que no especifica qué cuestiones modificaría en un eventual gobierno) y arancelar la misma, los números serían catastróficos para pacientes que hoy acceden al sistema de salud público.

Pero para eso, hay que conocer de fondo cómo es el sistema de salud santacruceño y la cobertura básica de la obra social estatal.

En números

Por ejemplo, la Caja de Servicios Sociales cubre distintos porcentajes según patologías y afiliados. En sí, la cobertura mínima en medicación recetada es del 50 % para los afiliados activos, del 70 % para los pacientes crónicos (que depende qué tipo de diagnóstico se trate, en este caso la cobertura es específicamente para ese diagnóstico), el 90 % en todo para los jubilados sin necesidad de diagnóstico, es decir, es la cobertura habitual, y el 100 % en casos de pacientes oncológicos, de alto costo, HIV y discapacidad.

Mientras que, por ejemplo, diagnósticos como diabetes también tienen la cobertura a 100 %. De hecho, noviembre es el mes de la diabetes, se trata de uno de los diagnósticos más comunes, es muy silencioso y que más adhesión tiene en la obra social santacruceña.

Esto implica, para la CSS, unos 169.518 pesos mensuales en inversión para un tratamiento estándar.

Si de salud mental hablamos, la medicación psiquiátrica tiene cobertura, en términos generales, del 50 % y el 70 %, dependiendo del diagnóstico. Esto significa que el paciente abona entre el 50 % y el 30 %.

La Opinión Austral habló con algunos pacientes para conocer valores actuales. Por ejemplo, una sesión psicológica hoy tiene un costo, de forma particular, que varía entre los 9 mil y 12 mil pesos.

Una psiquiátrica, en tanto, supera cómodamente esa cifra. Sucede que las sesiones psiquiátricas suelen ser más espaciadas, por ejemplo, mensuales o bimensuales.

La medicación, con cobertura de obra social, oscila un promedio general de 15 mil pesos. Por ejemplo, en fármacos como estabilizadores del ánimo como el ácido valproico o topiramato.

En psiquiatría los estabilizadores del ánimo se recetan, por lo general, en situaciones o cuadros de ansiedad.

En consecuencia, la salud arancelada que propone el candidato de LLA sería, en el mejor de los casos, el doble del dinero que se abona actualmente en salud. Esto implicaría, en salud mental, unos 30 mil pesos de base sólo en medicación psiquiátrica.

Lo cierto y no tan cierto

Pero, por si los números no son suficientes y la propuesta del candidato presidencial no termina de disgustar, a los hechos hay que remitirse.

Para Milei la salud en general, pero la mental en particular, son cuestiones donde ni Estado ni la justicia deben o debieran intervenir,  “siempre que la adicción no genere un gasto para el Estado“, dicho en sus palabras.

Es decir, en el momento en que el paciente comience a implicar una erogación monetaria para el sistema, ahí es donde el Estado tiene que meter la mano.

Entonces, dijo el candidato, “quien quiera reventarse consumiendo droga o suicidarse puede hacerlo sin asistencia del Estado” porque “cada individuo decide qué hacer con su vida”. Postura que va completamente a contramano de lo que establecen organismos e instituciones a nivel mundial.

En Argentina, es de recordar, rige la Ley 26.657 de Salud Mental, que el candidato de LLA quiere modificar, pero no dice cómo ni para qué.

La ley fue promulgada en 2010 y reglamentada en 2013, fue debatida, pensada, reforzada y confirmada en el Código Civil de 2015. Cuenta, además, con el apoyo de distintas organizaciones nacionales, regionales y mundiales, y cumple con los lineamientos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de Salud).

Esta normativa establece que el Poder Ejecutivo debe destinar el 10 % del gasto total de Salud a salud mental.

De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un derecho humano universal e insta a los estados a confeccionar políticas públicas en torno al bienestar psicosocial. Incluso, la prevención del suicidio es una prioridad mundial y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La normativa argentina fue puesta bajo la lupa reiteradas veces. Quienes conocen la ley entienden que los focos de problemas no suelen estar asociados al encuadre legal, sino, más bien, a su aplicación.

En todo caso, el debate sobre la salud mental no debiera, a priori, tener foco en la ley, sino en cómo se ejecuta en las provincias y si, efectivamente, existe una inversión adecuada o que, por lo menos, cumpla con la normativa.

La cuestión, en sí, es correr el eje de discusión e intentar garantizar espacios y equipos interdisciplinarios que aborden la problemática, siempre, desde ya, con la intervención y/o acompañamiento del Estado y lejos de librarle la tarea al mercado y al “sálvese quien pueda“.

En resumidas cuentas, el problema multifactorial en la salud mental alude a la ejecución de la normativa, la falta de presupuesto y de profesionales.